Para garantizar la legalidad y la defensa de los recursos naturales de Canarias. El edil presenta una moción al pleno del Ayuntamiento de La Laguna para instar al Gobierno de Canarias a la convocatoria de un referéndum donde todos los canarios puedan participar en igualdad.
Asegura que desde el punto de vista constitucional no habría ningún obstáculo a su celebración, ya que se trata de un asunto cuya competencia es exclusiva del Gobierno de Canarias.
“Es muy difícil tener entre manos un tema más importante para el presente y para el futuro de las Islas que la ordenación de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales sobre todo cuando lo que se pretende es una contrarreforma, una marcha atrás”, así se expresaba el portavoz del Grupo Municipal Por Tenerife- Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, este miércoles, en rueda prensa. El edil considera que la futura Ley del Suelo atenta gravemente a los recursos naturales del Archipiélago, por lo que ha registrado una moción al pleno del Consistorio para instar al Gobierno de Canarias a la convocatoria de un referéndum donde todos los canarios puedan votar en igualdad.
El portavoz municipal asegura que, desde el punto de vista constitucional no habría ningún obstáculo para la celebración del referéndum, ya que se trata de un asunto cuya competencia es exclusiva del Gobierno de Canarias. Así, especifica que “esta iniciativa no sería igual a otras consultas que se han hecho, como por ejemplo la de las prospecciones, porque aquí no habría competencias estatales, es un asunto que compete y concierne exclusivamente a los canarios, es un tema autodeterminante”.
De esta manera, asevera que, como es un asunto que afecta a todo el Archipiélago, a los tinerfeños y, particularmente a los laguneros le pide al Ayuntamiento de La Laguna que solicite al Gobierno de Canarias “que promueva la convocatoria de un referéndum para que todos los canarios mediante voto universal, secreto, individual e igual ( que el voto de cada canario valga o pese lo mismo) decidamos este tema tan importante para nuestro futuro, frente a la decisión de un Parlamento cuya composición está totalmente sesgada por el sistema electoral”.
Para Santiago Pérez, aunque este proyecto de ley tiene algunos elementos perfectamente aceptables, considera que “es de extrema gravedad que se pretenda eliminar el control de legalidad que actualmente ejerce el Gobierno Canarias, a través de la COTMAC y que los informes de otras administraciones sobre los planes de ordenación de un municipio no sean tomados en consideración si no se emiten en tiempo ”. Asimismo, critica que la futura normativa permitirá que el Ejecutivo o los cabildos aprueben proyectos de interés singular que se ejecutarían en los municipios con independencia de lo que digan los planes de ordenación, de tal manera que la autonomía municipal para aprobar los PGO quedaría sesgada, porque estos planes podrían incluir la instalación, hasta en suelo agrícola, de actividades turísticas, de ocio, equipamientos, etc, en contra del planeamiento municipal.
Del mismo modo, el portavoz municipal indicó que si Fernando Clavijo, como alcalde de La Laguna, “hubiera tenido en su mano la ley que pretende aprobar, le habría impuesto a La Laguna un Plan General de Ordenación devastador para el suelo agrícola del municipio, en el que más de seis millones de metros de suelo agrícola habrían sido urbanizados”.
Pérez recordó que, durante la tramitación del PGO, los servicios jurídicos del ayuntamiento de La Laguna emitieron un informe en el que se ponía de manifiesto que si se llevaban a cabo las previsiones de urbanización, Aguere se hubiera convertido en un municipio que podría albergar una población de 338.000 habitantes y no los 150.000 que tiene actualmente”, al tiempo que señaló que “Clavijo lo ignoró”.
En esta línea, agrega que “estas ilegalidades afloraron cuando la COTMAC, emitió otro informe, publicado por el BOC, que relataba las pretenciones de urbanizar suelos agrícolas en Tejina, Punta del Hidalgo, Valle de Guerra, la Vega de Aguere, Guamasa, Geneto y Los Baldíos”, al tiempo que sentencia que el Gobierno municipal de La Laguna tiene la tramitación del PGO en suspenso, “probablemente porque está esperando la orden de Fernando Clavijo, a ver si logran aprobar esta ley e imponerle al municipio el plan general que el ex alcalde pretendió y en cuya empresa fracasó”.
Así, opina que en la gobernación del Archipiélago hay que tener en cuenta los intereses empresariales, pero el Gobierno canario no puede ser una mera sucursal de esos intereses minoritarios”
La moción ya se ha registrado, aunque aún no se ha decido si irá en el orden del día del próximo pleno ordinario o se incluirá en un pleno extraordinario.