Por un presunto delito medioambiental al verter al mar ocho millones de metros cúbicos al año de aguas sin depurar
La Fiscalía acaba de solicitar que el exconcejal de Servicios Municipales, Norberto Plasencia y el actual, Dámaso Arteaga, pasen de permanecer en la condición de investigados a la de acusados por la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La petición trae causa de la investigación abierta desde hace más de una década a causa de los vertidos diarios de miles de metros cúbicos de aguas sin depurar en La Hondura, en Santa Cruz de Tenerife. El juzgado competente es el de Instrucción Nº 1 de la capital.
Esto acercaría la vista oral sobre uno de las supuestas infracciones medioambientales más preocupantes que han tenido lugar en la ciudad desde hace décadas: el presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la compañía Emmasa de la autorización otorgada para realizar el vertido al mar de aguas residuales urbanas de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Llanos por medio de una conducción a Los Llanos-Puerto de La Hondura. La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires que se encuentra desde hace años al límite de su capacidad, carece de punto de vertido y toda el agua depurada se destina teóricamente a la reutilización para riego de zonas verdes. Sin embargo, la realidad es muy distinta pues más de ocho millones y medio de metros cúbicos al año acaban directamente a La Hondura sin tratamiento alguno con la consiguiente contaminación. El vertido se vendría haciendo sólo con un pretratamiento, en el mejor de los casos, lo que incumple la normativa.
Estos incumplimientos son los mismos que han llevado a la UE a abrir un expediente sancionador, ya comunicado a España, por estar incumpliendo la ley europea en materia de medio ambiente en Santa Cruz. La autorización originaria permitía verter las aguas que no podían ser bombeadas a la depuradora de Buenas Aires, un bombeo que en la práctica no se produce por la falta de capacidad de la depuradora, lo que ha llevado a verter directamente al mar todas las aguas residuales de la parte baja de Santa Cruz.
Para ubicar el punto del vertido con exactitud diremos que se encuentra a poco más de un kilómetro en línea recta del Parque Marítimo, lo que ha dado lugar a contaminación de la playa que existe en sus inmediaciones. Para hacernos idea de la magnitud del vertido, éste supone de media 23.203 metros cúbicos al día y casi mil a la hora, el equivalente a diez piscinas olímpicas por jornada. La Viceconsejería de Medio Ambiente en numerosas ocasiones ha advertido que se están incumpliendo las normas en cuanto al vertido diario y número de habitantes.
Esto daría lugar al aumento de contaminación por coliformes fecales que sube año tras año. Así en 2007 se suman 1,1 por 100 mililitros, en 2008 se llegan a los 2,7, en 2009 se registran 5,6 en 2010, 7,6 en 2011, 6,7 en 2012 y 8,9 en 2013. La controversia llega al punto de que en algunos casos la contaminación del agua es superior una vez tratada a como lo estaba con anterioridad.
A mediados de 2015 se hizo público que el Gobierno canario había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Santa Cruz y a Emmasa por los incumplimientos constatados en la autorización otorgada en 2005. A partir de aquí se originó un debate entre los ayuntamientos de la capital, La Laguna y El Rosario, hasta el punto de que Santa Cruz advirtió con dejar de depurar las aguas de estas localidades.
El concejal Dámaso Arteaga, tras tomar posesión de su cargo en las últimas elecciones locales y autonómicas, coaccionó a los trabajadores de Servicios Públicos (área instalada en el edificio de la Gerencia de Urbanismo pero que depende directamente del Ayuntamiento), exigiéndoles “lealtad política“, que no saliera “ningún documento del servicio sin su autorización“, así como que “no se incorporen en los expedientes documentos innecesarios como comunicaciones con las empresas concesionarias de servicios“. Ramón Trujillo, concejal de IU, denunció este hecho en la Fiscalía pero su denuncia fue archivada.
Actualmente, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio que está bajo las órdenes directas de Dámaso Artegaga, ha batido records en duración de los ceses, pues alguno ha tomado posesión y cesado a petición propia en menos de 48 horas, estando provisto interinamente en la actualidad, tas el el nivel de presión al que se ven sometidos los trabajadores.