SB-Noticias.- María Victoria Hernández preguntará en el pleno por la ley de mecenazgo, “una de las cuatro leyes culturales pendientes de redacción para esta legislatura y de la misma importancia y urgencia que archivos, bibliotecas y patrimonio histórico”.
La parlamentaria del PSOE recuerda que la ley de mecenazgo viene de la pasada legislatura y se vio ralentizada ante la noticia de que el Gobierno de Rajoy iba a tramitar la modificación de la actual ley estatal “y que se convirtió en proyecto estrella del ministro Wert”. Lamenta el “maltrato” al que se ha visto sometida la cultura en estos cuatro años de Ejecutivo del PP y subraya la necesidad de abrir nuevas fuentes de ingresos que complementen las de las administraciones públicas.
“La aprobación de esta ley, como también de las otras tres pendientes en Canarias, repercutirá favorablemente en una mejora de los ingresos para un sector que se ha visto especialmente maltratado en esta legislatura del Partido Popular”, expresa Hernández, quien reitera la apuesta del PSOE por que la cultura en las Islas cuente con líneas de financiación propias y definidas, con el objetivo de que en el futuro, situaciones críticas como la de estos últimos años no afecten tanto a la política cultural.
Por otra parte, considera que el Gobierno de Canarias debe continuar invirtiendo en el sector y hace hincapié en que la crisis de los últimos años debe dejarnos, como moraleja, que se hace imprescindible introducir mejoras de cara al futuro, como medidas de prevención.
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El PSOE pide al Gobierno que informe de la tramitación del estatuto de altos cargos
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, ha solicitado la comparecencia del Gobierno de Canarias para que informe del estado en que se encuentra la tramitación del estatuto de altos cargos. En el pleno de esta semana, comparecerá el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, para dar cuenta de la situación en que está la elaboración de este código de conducta que concreta los deberes e incompatibilidades de los gestores públicos.
Lavandera recuerda que se trata de uno de los puntos contenidos en el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias en cuanto al buen gobierno. “La transparencia es un elemento básico que debe ofrecer cualquier gobierno y por el que estamos luchando desde el comienzo de legislatura”, subraya el diputado, quien defiende la simplificación administrativa y la lucha contra la corrupción como bases fundamentales para un Ejecutivo que cuente con la confianza de la ciudadanía.
El parlamentario hace hincapié en la apuesta del PSOE por transparentar toda acción de Gobierno con el objetivo de mejorar la labor de la administración canaria, de tal forma que se impulsen los cambios necesarios para dotar de la imprescindible calidad democrática a nuestras instituciones y a cuantas gestiones desarrollan.
El portavoz socialista indica que en diciembre pasado, la Consejería de Presidencia y Justicia presentó en Consejo de Gobierno su propuesta de anteproyecto de Ley de Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno. Así, en el próximo pleno preguntará al titular del área por la situación en que se encuentra la iniciativa, las aportaciones realizadas desde los distintos sectores y las previsiones al respecto.
El PSOE lleva a este pleno su preocupación por el acoso escolar
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias comparecerá en el pleno del Parlamento previsto para la próxima semana para abordar, a petición del Grupo Socialista, el acoso escolar en las aulas. La portavoz del área, Ana González, subraya que ir al colegio “no se puede convertir en una tortura para ningún niño ni niña” y asegura que dar respuestas a este grave problema “exige la implicación de la comunidad educativa”.
La diputada del PSOE explica que el acoso escolar “no se puede tratar como un asunto menor, porque no son cosas de niños, excusa que erróneamente se da con frecuencia”. Remarca la urgencia de “actuar ante la más mínima sospecha, por pequeña que sea, para así poder aplicar medidas desde fases tempranas”.
González apuesta por educar en valores, tanto en casa como en la escuela. “Somos nosotros, los adultos, quienes tenemos el deber, la responsabilidad y la obligación ética y moral de no inculcar a los niños y niñas ideas que puedan conducirles a actitudes de desprecio hacia sus compañeros y compañeras”.
Así, aboga por “construir una sociedad abierta, tolerante y respetuosa, trabajando para ello desde la infancia, en las familias y en las aulas”. En este punto, recuerda que fue el Gobierno del Partido Popular el que consideró necesario hacer desaparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. “Sería este año, 2016, cuando según la Lomce del PP -y sólo del PP. se daría por completamente extinguida esta apuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero por promover una sociedad libre, tolerante y justa, que contribuya a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo o derechos humanos, entre otros”.
“Especialmente grave”, dice, llega a ser la situación cuando a una situación “ya de por sí inadmisible y muy complicada” se añade la violencia física “o cuando la niña o niño acosado se ve obligado a imitar a su acosador”. Señala que es muy importante tener presente que muchos niños “no lo cuentan por vergüenza, por miedo o, lo que peor, porque admiten que merecen ser tratados así, pues a medida que aumenta el acoso disminuye la autoestima”.
Ana González reitera que es clave la vigilancia en el centro, la labor de los docentes y advierte de que los episodios de acoso escolar marcan el desarrollo posterior de la persona, su carácter. Otro aspecto a tener muy en cuenta, remarca, “es que estamos ante un problema que ocurre a diario, en todo tipo de colegios, a plena luz del día, a veces con testigos y a veces no”.
La diputada socialista explica que la protección “debe ir dirigida al niño o niña que sufre acoso, pero se ha de controlar también al que presente conductas acosadoras”. Insiste que la clave está en prevenir, en educar y en intervenir cuanto antes, y adelanta que en el pleno de esta semana, preguntará por las acciones que está desarrollando la Consejería para dar respuesta a este problema.
El PSOE vuelve a llevar a pleno las condiciones de trabajo de las camareras de piso
El Grupo Parlamentario Socialista lleva de nuevo a pleno las condiciones de trabajo de las camareras de piso. La portavoz de Turismo del PSOE en la Cámara, Rosa Bella Cabrera, subraya que el el sector ya no se puede parapetar en la crisis económica para no dar respuestas a las demandas de estas trabajadores, especialmente teniendo en cuenta que fue la última industria que entró en crisis y la primera que salió de ella, como queda reflejado en las cifras históricas de ocupación turística.
«En este contexto de bonanza no se entienden las precarias condiciones laborales en la que se encuentran las camareras de piso, quienes representan el 30 por ciento de la plantilla de los establecimientos turísticos», señala. Cabrera remarca que en los últimos años, el colectivo ha sufrido un incremento de su carga de trabajo, mientras su salario se reduce y su estabilidad laboral desaparece.
La parlamentaria del PSOE hace hincapié en que el trabajo de las camareras de piso «requiere de un gran esfuerzo físico, con serias consecuencias para su salud, por lo que debemos ser capaces de poner en marcha medidas encaminadas a la mejora de su calidad de vida, del bienestar social y de lograr la estabilidad y calidad en el empleo».
Otro de los asuntos que el PSOE lleva al pleno de esta semana es la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales determinados aspectos de la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno del PP. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, asegura que esta decisión judicial “viene a ratificar la postura defendida por el PSOE y por el Gobierno de Canarias, en el sentido de que el texto que aprobó el Ejecutivo de Rajoy desde su mayoría absoluta era un ataque a la autonomía local”.
La también alcaldesa de San Bartolomé recuerda que el PSOE nunca ha discutido la necesidad de introducir elementos de sostenibilidad y racionalidad del gasto en la administración local, “pero lo que sí cuestionamos es el camino elegido por el PP, que dejaba en la estacada las políticas educativas y sociales que prestan los ayuntamientos, invadiendo además competencias autonómicas, como así ha certificado el alto tribunal”.