Durante un simposio celebrado el viernes, el comandante del Ejército de Brasil, el general Eduardo Villas Boas, reprochó la propuesta de la oposición en la que pide una intervención militar para solucionar la crisis política que vive el país suramericano, al tiempo que recordó que Brasil es una "nación democrática".
Los…aspectos (de la política, economía, y ética) están relacionados entre sí y, por lo tanto, se trata de una crisis que deberá resolverse dentro de estos entornos, especialmente el entorno político y legal", apuntó el comandante del Ejército de Brasil, general Eduardo Villas Boas.
"Los…aspectos (de la política, economía, y ética) están relacionados entre sí y, por lo tanto, se trata de una crisis que deberá resolverse dentro de estos entornos, especialmente el entorno político y legal", apuntó Villas Boas, destacando la diferencia de las responsabilidades que tiene cada uno de estos campos.
En otra parte de sus declaraciones, en el marco de una comparación entre la situación actual y pasada de Brasil, enfatizó que ahora no existe la inestabilidad que vivieron los brasileños durante la dictadura de los años sesenta.
A continuación expresó que las instituciones que gobiernan Brasil son lo suficientemente capaces de encontrar una medida adecuada para sortear la actual crisis.
Más temprano en esa jornada, la derecha brasileña durante manifestaciones había exigido la intervención militar para sacar del poder a Rousseff.
Poco después, en una respuesta al pedido de la oposición y la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de crear una comisión especial para el enjuiciamiento político a Rousseff, los simpatizantes de la mandataria rechazaron la “embestida” política y judicial lanzada por la oposición y advirtieron de una eventual guerra civil que generaría dicha demanda.
De momento la mandataria brasileña enfrenta un juicio político para destituirla. Las acusaciones contra la presidenta, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor y 1 en contra la creación de una comisión especial que se encargará de analizar una petición de destitución de la presidenta, la cual había recibido el pasado 2 de diciembre la luz verde del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.