Román Rodríguez
{mosimage}La respuesta de la Unión Europea a la crisis de los refugiados dista mucho del respeto a las convenciones internacionales y de la coherencia con el espíritu de una Europa valedora de los derechos humanos que no se deje arrastrar por el egoísmo y la xenofobia. Se muestra como un acuerdo mercantilista en el que se paga a Turquía para que actúe como tapón del actual fenómeno de refugiados huidos de Siria.
En los últimos años no ha hecho más que crecer el número de personas que buscan una vida digna en tierras europeas, jugándose la vida en arriesgadas travesías para acabar con la pesadilla de los conflictos armados que viven en sus naciones de origen. En su tierra la vida no vale nada y eso empuja a emprender un éxodo plagado de los más variados obstáculos.
Muchas procedentes de Siria o Irak, así como de Libia, Afganistán o Eritrea, que viven conflictos bélicos muchas veces instrumentalizados por potencias europeas y EEUU, caso de la injusta, ilegal e inmoral invasión de Irak promovida por Bush y Blair con la colaboración de Aznar.
En el caso de Siria, se ha apoyado, también desde países occidentales, a fuerzas insurgentes, alimentando el poder del Ejército Islámico (ISIS), que ahora es una realidad en numerosos países de la zona y un riesgo para el resto del mundo. Y, respecto a Libia, ha pasado de ser un estado estable a una nación desestructurada e ingobernable.
A los que huyen por las guerras se suman los hombres y mujeres que siguen intentando llegar al paraíso europeo por razones estrictamente económicas. Este va a ser el gran problema de la humanidad en las próximas décadas, donde se incrementarán los movimientos poblaciones por razones de supervivencia, en búsqueda de alimentos y agua.
Pese a los efectos de la crisis y de las políticas de recortes aplicadas en Europa los últimos años, que han supuesto un significativo retroceso económico y social, sigue existiendo un abismo respecto a la situación que se padece en distintos estados de África o del sur del Mediterráneo.
La devastadora guerra en Siria ha supuesto el desplazamiento de más de la mitad de sus 23 millones de habitantes. De ellos, ocho millones dentro del país y otros cinco fuera de sus fronteras, de los que tres se encuentran en Turquía.
En Líbano, una cuarta parte de su población son refugiados sirios.
Lejos parece que queda, aunque apenas haya pasado medio año, el gran impacto que supuso la difusión mediática de la impactante foto del cuerpo sin vida del pequeño Aylan en la orilla de una playa de la isla griega de Kos. Desde entonces centenares de Aylan, pequeños y mayores, han naufragado sin que ya ocupen lugares destacados en los medios de comunicación.
Y lejos queda, también, la primera respuesta europea, que cuantificó el número de refugiados a acoger e incluso estableció las cuotas que le correspondían a cada país, con la resistencia de algunos gobiernos europeos. Alemania fue entonces la más dispuesta a implicarse; España se quejó al entender que la cuota fijada era superior a lo que podía asimilar por su elevado nivel de paro.
Un programa fracasado que está causando un enorme sufrimiento a personas, muchas de ellas menores, que malviven en campamentos.
Ahora el acuerdo de la UE consiste en devolver a Turquía a los refugiados sirios que accedan a Grecia a través del Mar Egeo. Con un sistema rápido de devoluciones y que evite las deportaciones masivas (que vulneran la legislación internacional) mediante el estudio del expediente individual. Además, por cada migrante expulsado a Turquía, la UE se compromete a acoger a un refugiado sirio. Para ello es imprescindible la consideración de Turquía como “país seguro”, cuando son habituales las violaciones de los derechos humanos, que afectan tanto a los nacionales turcos como a los refugiados.
En definitiva, la solución europea es pagar miles de millones a Turquía, librar de visado a sus ciudadanos para acceder a la UE y facilitar su próxima adhesión como nuevo estado miembro. Un auténtico mercadeo.
Distintas voces cuestionan la legalidad de estas decisiones -que vulnerarían la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales ratificados por Europa-, a la par que su falta de sintonía con los valores fundacionales de la Unión Europea. Una UE que, como señala Claire Rodier (autora de El negocio de la xenofobia), se vuelca con la protección de sus fronteras (como hace en el sur con los acuerdos con Marruecos) pero no lo hace con la acogida de refugiados en conformidad con el derecho internacional o con la integración de los extranjeros definitivamente instalados en Europa.
Se apuntan, entre otras, las escasas garantías para los peticionarios de asilo que suponen las devoluciones individuales rápidas, que se permitan las devoluciones masivas de personas interceptadas en el mar o que se discrimine a inmigrantes o refugiados por su nacionalidad. Para el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, se trata de un proceso “inmoral e ilegal”.
Apoyo la resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado que rechaza las expulsiones masivas de refugiados y exige garantizar que nadie sea expulsado hasta que no concluya su expediente de solicitud de asilo, el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos. Así como la aplicación del acuerdo de ubicación de 160.000 refugiados; hasta ahora solo se han acogido a cerca de mil, de los que una veintena corresponde a España.
Pero, además, considero imprescindible que Europa tenga una política común sobre refugiados, favoreciendo el derecho de asilo; y sobre emigrantes económicos, estableciendo fórmulas que posibiliten cupos de permanencias temporales o definitivas. Así como una política activa de cooperación al desarrollo de los países emisores. La UE debe implicarse, también, en un esfuerzo permanente en la resolución de conflictos bélicos que causan muertes, destrucción, colapso económico, empobrecimiento y, en consecuencia, masivos movimientos poblacionales.