Afirman que es importante dar una respuesta rápida para presionar al gobierno hondureño para que se protega y se respeten los derechos de Gustavo Castro.
El asesinato de Berta se inscribe dentro de la grave situación de inseguridad que sufren los y las activistas defensoras de los derechos humanos, la justicia social y ambiental. Así lo había declarado la misma Cáceres: "Los que rechazamos estos proyectos somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia".
Según los datos de la organización Global Witness, América Latina concentra el mayor número de asesinatos de activistas medioambientales. La organización denuncia entre otros el caso particularmente grave de este país: “Honduras (ocho millones de habitantes) es el país más peligroso per cápita para los defensores del medioambiente. Entre 2010 y 2014 se han perpetrado 101 asesinatos”.
Según un comunicado del COPINH, “Miembros del COPINH aseguran haber sido amenazados en el mes de diciembre por personas que se autodenominaron sicarios contratados por la empresa DESA. Durante los últimos seis meses se confirma que Berta recibió amenazas constantes cuya intensidad iba incrementando, disparos contra el carro, mensajes y amenazas verbales directas, por parte del ejército, la policía, el alcalde Raúl Pineda y la empresa DESA”.
Junto a Berta Cáceres se encontraba en el momento de su asesinato el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/ Amigos de la Tierra Mexico, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), quien logró sobrevivir al ataque aunque resultó herido en una mano y una oreja.
Tras declarar voluntariamente ante las autoridades hondureñas, cuando pretendía regresar a México fue retenido en el aeropuerto impidiendo su salida del país. En estos momentos Gustavo Castro ha tenido que ser protegido por la Embajada de México en Tegucigalpa.
Por todos estos hechos, desde las islas Canarias, las organizaciones abajo firmantes, conscientes de la importancia de la figura de Berta Cáceres y la gravedad de su asesinato, queremos:
Expresar nuestra más firme condena por lo sucedido, y solicitar al gobierno de Honduras que esclarezca los hechos a través de una investigación independiente, e imparta justicia para que el asesinato de la activista no quede impune.
Además, preocupadas por la evidente situación de riesgo en la que viven los y las activistas hondureñas, y especialmente alarmadas por la situación que en estos momentos está viviendo el compañero Gustavo Castro, exigimos que se garantice su libertad y que las autoridades hondureñas tomen las medidas necesarias para proteger su vida.
Solicitamos que se defiendan las justas reivindicaciones de los pueblos afectados para que los intereses de estos primen sobre las pretensiones de las empresas trasnacionales que quieren actuar en las áreas de las que depende la supervivencia estos pueblos. En particular modo, consideramos necesario que se protejan los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos en Río Gualcarque y Río Blanco, causa por la cual Berta Cáceres luchó y por cuya causa había recibido amenazas de muerte.
Instamos al Gobierno de Honduras a no seguir criminalizando las luchas de los pueblos indígenas, a respetar su derecho a consulta y su derecho a proteger y defender sus tierras ancestrales.
Rechazamos y solicitamos el fin de la “militarización” de Honduras por los Estados Unidos, la retirada de sus bases militares y que no se siga dando entrenamiento a soldados hondureños en la Escuela de las Américas.
Por último, quisiéramos solidarizarnos con la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y lamentar con ellos la pérdida de la compañera Berta Cáceres.