Román Rodríguez. Nueva Canarias
{mosimage}La educación ha estado estos días, por distintos acontecimientos, muy presente en los medios de comunicación. En el Congreso de los Diputados, por el Pacto por la Educación, que formaba parte de los compromisos del candidato a la frustrada investidura, como ya lo hacía en el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales y que Nueva Canarias (NC) compartió. En el Parlamento canario, por la pregunta a la consejera del ramo planteada por NC, respecto al (in)cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. Y en la calle, por las movilizaciones estudiantiles.
Así como, en el plano universitario, el rechazo al sistema 3+2 -tres años para obtener el grado y dos de máster-, que sustituiría al actual (4+1), ahondando en un modelo más clasista que devalúa a los grados y hace imprescindible la realización de máster que no todo el mundo puede costearse.
El acceso al mundo laboral resultará mucho más complicado a los que solo hayan podido culminar un grado. Y las barreras económicas pueden ser determinantes a la hora de poder abordar la especialización, mucho más que la capacidad académica del estudiante.
Ley canaria
En segundo lugar, me parece decepcionante que la consejera de Educación del Gobierno de Canarias nos pida un acto de fe respecto al cumplimiento de la Ley de Educación Canaria, como hizo en su respuesta al diputado de NC Luis Campos. Máxime con los antecedentes de los recortes que el Gobierno de su partido ha realizado en este ámbito y las propias declaraciones del presidente del Gobierno señalando que invertir en educación no es productivo.
Esta ley, nacida de una iniciativa legislativa ciudadana, plantea que en el año 2022 el presupuesto educativo debe representar, al menos, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) canario. Así como distintas medidas dirigidas a incrementar la calidad y la equidad del sistema educativo canario.
La Ley Canaria de Educación fue aprobada en 2014 por todos los grupos de la Cámara, a excepción del PP. En los dos siguientes presupuestos de Canarias, los correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016, ha sucedido justo lo contrario: el gasto educativo ha aumentado por debajo del crecimiento del PIB, por lo que, lejos de acercarnos, nos alejamos del objetivo de alcanzar el 5%.
La realidad es que no existe voluntad de cumplir con los preceptos de la ley, en materia presupuestaria y en el desarrollo de los contenidos de la misma en educación infantil –a la que no aportan un solo euro-, infraestructuras, formación del profesorado, idiomas, atención a la diversidad o formación profesional. Y que incluso, en más de una ocasión, el propio presidente del Ejecutivo ha señalado su intención de modificarla a la baja, en los recursos económicos y en el resto de sus contenidos y objetivos.
Una circunstancia que resulta aún más grave cuando Canarias sigue presentando parámetros educativos alejados de la media estatal que nos colocan a la cola y lastran la preparación de nuestros jóvenes y sus posibilidades en el ya de por sí complicado y restringido mundo laboral de las Islas, con cifras de paro juvenil escandalosas.
En el caso del abandono escolar temprano, en 2015 Canarias continúa por encima de la media estatal. Aunque se ha reducido en los últimos años, en buena medida ha sido como consecuencia de la crisis económica y las mayores dificultades para conseguir empleo, especialmente en sectores de baja cualificación, lo que ha frenado la prematura salida de las aulas. A ello se suman nuestros déficits en el aprendizaje de idiomas y la insuficiente oferta de Formación Profesional (FP) y su poca adecuación al mercado laboral de las Islas.
Pacto
Como señalaba al principio, el Pacto Por la Educación constituye uno de los ejes del programa con el que concurrimos a las elecciones. En Nueva Canarias compartimos con el PSOE la necesidad de que las grandes decisiones sobre el sistema educativo se tomen tras un gran debate en el que participen los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, los expertos, las universidades, las organizaciones del profesorado, las AMPA y el alumnado.
Todo lo contrario de lo que sucedió con la aprobación de la Lomce. Una ley contestada desde la práctica totalidad de la comunidad educativa y que salió adelante, sin debate y sin consenso, gracias al rodillo parlamentario del PP. Y que el resto de los grupos de la Cámara nos hemos comprometido a derogar.
Resulta muy optimista la previsión de alcanzar un pacto social y político por la educación en seis meses y, más que el calendario, me preocupa que el pacto cuente con un análisis riguroso sobre la situación actual y las imprescindibles modificaciones, así como con el máximo respaldo social y político.
La mejora del sistema educativo merece todos los esfuerzos. Apostando por una educación inclusiva, de calidad y que forme futuros profesionales sin olvidar los valores democráticos. Garantizando la igualdad de oportunidades. Dignificando la labor docente. Recuperando los recursos detraídos por las políticas de austeridad y recortes. Educando en igualdad entre hombres y mujeres para desterrar cualquier forma de discriminación y violencia.
Por tanto, el Pacto por la Educación debe colocarse entre las prioridades del nuevo Gobierno estatal. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, entre las ineludibles responsabilidades del Gobierno canario. En Nueva Canarias continuaremos comprometidos, en todos los ámbitos, en esa priorización de la educación, clave para el presente y futuro de esta tierra.