{mosimage}El consejero insular de Podemos, Roberto Gil-Hernández, en relación a controversias como la suscitada por el sobrecoste en un 40 por ciento del Plan de Excelencia de Arona-Adeje ha dicho que “Es fundamental que el grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife dejé atrás su costumbre de que las obras acaben superando con creces el precio de licitación, una práctica habitual que transgrede ética y moralmente los principios de funcionamiento de la Administración Pública”.
Aunque este tipo de encarecimientos puedan ser legales, explica el representante insular de Podemos, “es una figura contemplada en la legislación para casos excepcionales; lo que no es admisible es que lo excepcional se convierta en habitual y que las obras y contrataciones insulares se encarezcan por sistema hasta un 40 por ciento por encima de lo presupuestado”. Máxime, añade, cuando esos sobrecostes corren a cargo de las empresas inicialmente adjudicatarias, sin dar posibilidad a otras de concurrir vía concurso a la ejecución de los trabajos extra no presupuestados”.
Además de la falta de previsión y planificación que esto conlleva, señala Roberto Gil-Hernández, “como nos ha quedado claro una vez que han empezado a trascender los excesos de la burbuja inmobiliaria y del conchaveo entre gestores públicos y determinados sectores del empresariado, este tipo de sobrecostes suelen favorecer a unas pocas empresas e ir en contra del interés general”. Y cita que, de hecho, la Unión Europea limita estos encarecimientos imprevistos a un 20 por ciento, “con lo que no es de recibo que en Tenerife se haya llegado a convertir en habitual que ese porcentaje ronde el 40 por ciento”.
En el caso concreto del Plan de Excelencia Turística, inicialmente presupuestado en nueve millones de euros, que terminó costando 3,3 millones de euros más, y cuyo sobrecoste protagoniza una disputa judicial desde 2005 entre el Cabildo y el Gobierno canario, el consejero de Podemos preguntó si el Gobierno insular de CC-PSOE ha ordenado la incoación de expediente de investigación para dirimir posibles irregularidades y depurar responsabilidades, así como si se ha trasladado este expediente a los tribunales. Desde el grupo de Gobierno tiraron balones fuera justificando el sobrecoste.
Sin embargo, tal y como expuso el consejero durante la sesión, “lo suyo sería trasladar el expediente íntegro de ese plan al juzgado que investiga el sobrecoste en obras viarias insulares por si hubiera relación entre ambas causas”. Por mucho que el Gobierno justifique verbalmente estos excesos, concluye, “las sombras de la duda hacen mucho daño a la gestión de fondos públicos del Cabildo”.