El STEC-IC apuesta por una evaluación global del sistema educativo en Canarias. Esta evaluación afecta en primer lugar al propio Gobierno de Canarias y a su política educativa. Estas supervisiones ocultan tres necesidades primordiales para la mejora de la educación pública: el cese de la política de recortes y la restitución de los mismos, el incremento de los presupuestos en el área educativa, y la derogación de la LOMCE. Es inadmisible focalizar en el profesorado cualquier evaluación de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, si no se les dotan de los recursos humanos, materiales y financieros suficientes.
Las dificultades de la labor docente se han multiplicado. Estas supervisiones añaden más obstáculos, más tareas burocráticas, y más estrés para los equipos directivos y el profesorado. Sin embargo, la función de asesoramiento y de ayuda al conjunto de los docentes en su trabajo diario no se ha producido desde hace muchos años. ¿Quién evaluará a los evaluadores, para que su función contribuya a esa mejora anunciada?
Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza no han recibido en los últimos años apoyo de las distintas Administraciones educativas. No se les valora y parece ser que no gozan de su confianza.