Advierten a Bermúdez que de no derribar el Mamotreto va a responder con su patrimonio a las multas de la Justicia

 

SB-Noticias.- La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción y los portavoces de los grupos municipales del PSOE, José Ángel Martín; Sí se puede, Pedro Arcila; e IU, Ramón Trujillo, denunciaron en rueda de prensa para  exigir el cumplimiento de la sentencia del derribo de la totalidad del edificio conocido como Mamotreto de Las Teresitas.  

 

Consideran que después de tres informes jurídicos municipales que establecen la obligatoriedad del derribo, el hecho de que el equipo de gobierno encargara un cuarto informe contrario a la demolición, a la directora general de Infraestructuras, cargo de designación política, es una maniobra más para no ejecutar la sentencia judicial.

Asimismo, advierten al Alcalde que, de continuar con la  negativa  a derribar el Mamotreto,  obligará a la justicia a empezar con las actuaciones coercitivas, de  multas  contra el patrimonio personal del culpable de que no se cumpla la sentencia “que en este caso esta claro que es el  alcalde José Manuel Bermúdez”.

Lola Schneider asegura que  el alcalde de S/C siempre esta diciendo que quiere cumplir la sentencia, pero ha demostrado lo contrario “con tres informes jurídicos de mucha validez que concluyen que el Mamotreto se debe derribar completamente no se puede entender que solicitara un cuarto, favorable a sus intereses” .

José Ángel Martín Bethencourt, considera que estamos hablando de un caso que coincide con lo que el Tribunal Supremo denomina  informes de complasencia que se hacen al dictado del poder político establecido en una institución.

Llama la atención de que este singular  informe, que dice que el ayuntamiento no debe cumplir la sentencia firme de demolición,  se pidió el 10 abril 2015, sin embargo no sale a la luz hasta después de los tres que concluyen totalmente lo contrario (realmente son 5 porque la secretaria de la Gerencia hizo dos en la misma linea). Destaca asimismo la cantidad de “errores jurídicos de bulto” que comete quien lo redacta, cuando habla de “aprobación provisional de  planes especiales” cuando se sabe que los planes especiales  tiene aprobación inicial y definitiva, pero no provisional.

Pedro Fernández Arcila considera que este proceso está sacando a la luz una lucha interna dentro de CC ATI. Una lucha entre  lo que dicen los informes técnicos y jurídicos y lo que pretenden políticamente desde el gobierno municipal.

Para Arcila “Estamos en una lucha entre representantes semipolíticos  -como es la figura de los directores generales- y los informes de los técnicos”.

Ramón Trujillo  recuerda que este proceso demuestra además  un mal funcionamiento de la justicia. Afirma que “el tiempo de ejecución de la sentencia se intenta convertir en tiempo de vaciamiento de la misma. Estamos viviendo  una justicia que no funciona”.

Reclama que es hora ya de que la justicia se haga respetar y que exija que  la ley se cumpla.

Respecto a quienes defienden que se mantenga la construcción por el coste que ya ha tenido para las arcas públicas, recuerda Trujillo que “hay que insistir en que   la ley no se pueda violar por la fuerza de los hechos, y que es necesario mandar el mensaje al "gremio de los corruptos" de que la ley se cumple y los hechos consumados no valen”.

Los colectivos que apoyan esta reivindicación son:    Plataforma en defensa del derribo del mamotreto y contra la corrupción,  Plataforma 29-E, Amigos de Anaga, Asociación de Vecinos El Sobradillo, Contra las Antenas, Contra el PGO en El Toscal, Contra el PGO de Santa Cruz, Xtenerife,  Asociación de Vecinos Las Tribulaciones de El Toscal, Defensa de las pensiones públicas y  Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC).