Presenta una Moción al Pleno para que se requiera expresamente a autoridades y funcionarios a no iniciar ni continuar acto o procedimiento de ejecución presupuestaria alguno sin que esté formalmente acreditada la suficiencia y adecuación del crédito.
Santiago Pérez recuerda que el Ayuntamiento de La Laguna está sujeto hasta 2023 al Plan de Ajuste, impuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para autorizar las operaciones de endeudamiento realizadas por esta Corporación para efectuar el pago de los 70 millones de euros de deuda oculta con proveedores, ya que no figuraban en la contabilidad ni en la documentación presupuestaria del Ayuntamiento.
En esta línea advierte que “La Laguna tiene que seguir aplicando las medidas del Plan: hacer un esfuerzo prioritario para pagar la deuda (éste año se devolverán más de 13 millones), continuar estableciendo recortes en el gasto de los servicios municipales y seguir incrementando la presión fiscal sobre los contribuyentes, que en La Laguna está muy por encima de la media de los municipios canarios.”
Sin embargo, agrega que “se siguen sin tomar medidas para cortar estas prácticas ilegales, que el Ayuntamiento se comprometió a erradicar desde 2010, exigencia legal que el propio Plan de ajuste ha reforzado”.
Asimismo, recalca que “es tan evidente el incumplimiento crónico de esa exigencia de Ley de Haciendas Locales que, en la documentación relativa al último ejercicio presupuestario liquidado, el de 2014, aparecen 237.524 euros de contrataciones realizadas sin crédito presupuestario por el entonces concejal del área de Economía, Empresa y Empleo, Sr. Juan Antonio Alonso, y para finalidades relacionadas con Fiestas y Festejos Populares y ajenas completamente, por tanto, a las materias propias de su Área”.
Para el edil de XTF-NC, el Gobierno municipal está “tan resignado a transigir de aquí en adelante con estas prácticas ilegales, que la Concejalía de Hacienda –después de recordar patéticamente el compromiso de cortar radicalmente estas prácticas– consigna en el Presupuesto de 2016 en base el principio de prudencia” (¡…!) “una dotación de 1.500.000 euros” para el pago de estas contrataciones ilegales a toro pasado”. Asimismismo, sentencia que la concejala de Hacienda prevé, y así lo expresa en la Memoria presupuestaria, que volverá a hacerlo en los Presupuestos de los próximos años.
Santiago Pérez presenta una moción para que el Pleno requiera expresamente a autoridades y funcionarios al efecto de que no procedan a iniciar ni a continuar acto o procedimiento de ejecución presupuestaria alguno sin que esté formalmente acreditado, mediante la preceptiva Certificación de “Retención de Crédito” emitida por el órgano responsable de la Contabilidad municipal, que existe crédito suficiente en el Presupuesto destinado a la finalidad para la que se pretende contratar o adquirir un compromiso económico por la Administración Municipal.
Del mismo modo, se solicita que la Secretaría del Pleno notifique este acuerdo personalmente a todos los funcionarios que participan en los procedimientos de ejecución presupuestaria, así como en los procedimientos que comporten compromisos económicos para la Hacienda Municipal.”