Roberto Gil Hernández. Consejero del Cabildo Insular de Tenerife por Podemos
{mosimage}Durante el pleno del Cabildo de Tenerife correspondiente al mes de enero, se aprobó una moción con el apoyo de todos los grupos políticos presentes que pedía la inclusión del yacimiento arqueológico grancanario de Risco Caído en las listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un gesto, que además de favorecer la visibilización de este importante enclave precolonial, también sirvió para lograr el acuerdo entre instituciones acostumbradas a una coexistencia signada por el más obstinado de los insularismos.
Desafortunadamente, nuestros planteamientos no contribuyeron a lograr el fin con el que fueron inicialmente propuestos y, en lugar de arrancar un sereno compromiso por parte del grupo de gobierno, provocaron que sus representantes se salieran por la tangente, atrincherándose en torno a anodinas argumentaciones. Argumentaciones que fueron desde la defensa -nada coherente- de la heroica labor llevada a cabo por el Museo Arqueológico de Tenerife, excepcional superviviente a la oleada de recortes que el propio Cabildo ha propiciado, hasta aludir a la ya manida cuestión de las “enormes diferencias” existentes entre los grupos humanos que habitaron Canarias en los albores de la modernidad; como si esa pretérita excusa sirviera para justificar su inacción en el presente.
Los trabajos realizados en la isla de Gran Canaria han posibilitado el hallazgo, la delimitación y salvaguarda de importantes yacimientos, hoy convertidos en parques arqueológicos relevantes, como la Cueva Pintada de Gáldar, el Maipés de Agaete, el Cenobio de Valerón o la Necrópolis de Arteara. Enclaves todos articulados gracias a la implicación de las instituciones públicas de la Isla y especialmente útiles a la hora de dar a conocer una porción tan significativa de nuestro pasado, a la par que comprometidos con la labor de concienciar a residentes y visitantes de la necesidad de preservar este tipo de espacios. Unas prácticas que, en esta orilla han brillado por su ausencia, no existiendo en nuestra Isla ni una sola infraestructura de estas características, ni tampoco una campaña para poner en valor este tipo de bienes.
Descrito el panorama, me resultará complicado comprender la reacción desmesurada protagonizada por la consejera socialista Amaya Conde, quien al oírme hacer las afirmaciones descritas defendió con vehemencia la labor del grupo de gobierno en materia arqueológica a través de su participación en el Museo Arqueológico de Tenerife, hoy integrado en la estructura más amplia del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Un planteamiento al que respondí precisando que nuestra crítica en ningún caso estaba centrada en la labor de dicha institución y sí en la política de conservación y divulgación implementada por el Cabildo en relación a dicho campo de conocimiento, añadiendo además el dato de que buena parte de las colecciones que conforman el valioso menaje de dicho museo proviene de un contexto signado por un método de excavación muy poco riguroso, cuando no directamente de la expoliación y la destrucción irreversible de muchos yacimientos. Y es que, como la consejera con delegación especial en Museos debería saber, la Arqueología en Canarias, y también la Antropología y en menor medida la Historia, han sido disciplinas carentes de toda sistematicidad, a la par que marcadas hasta el extremo por el romanticismo y otros idearios también controvertidos, como por ejemplo, el racismo científico.
Volviendo al Pleno, el debate propuesto por Podemos terminó sin que se agotaran los turnos de palabra del grupo de gobierno, guardándose para el final una desagradable sorpresa relacionada con este mismo punto del orden del día. Un alegato en forma de ruego que en la boca de Cristina Valido, vicepresidenta segunda del Cabildo, únicamente les sirvió para acusarme falsamente –aunque sin nombrarme de manera directa– de haber tildado el trabajo de los y las trabajadoras de los Museos tinerfeños de “expoliación”.
Cualquier cosa les vale, incluida la deliberada manipulación, y si les resulta necesario, incluso la aplicación sesgada de los reglamentos del propio Pleno, negándome el mismísimo Presidente, Carlos Alonso, el derecho a defenderme de semejante acusación por alusiones. Lo importante es silenciar cualquier planteamiento crítico y, cuando esto no es posible, al menos ensuciarlo. Una práctica que tiene nombre en los entornos rurales de la geografía tinerfeña en que agoniza el menguado patrimonio arqueológico que se ha salvado de la depredación urbanística, o de lo que es peor, de la incompetencia política: marrullería.