La formación de izquierdas llevará su propuesta a los ayuntamientos donde tiene representación con el objetivo de incorporar criterios que beneficien a la sociedad
{mosimage}SB-Noticias.- IUC propondrá en los Ayuntamientos en los que tiene representación la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, al considerar que se debe evitar, como sucede hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente tanto en la prestación del propio servicio como en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras contratados.
Para IUC, es necesario mantener un debate serio en torno a los criterios de adjudicación que se establecen, tanto en los procedimientos abiertos, como en la adjudicación de contratos menores. Hay que tener en cuenta que uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. Se trata de una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos con la que se puede luchar en pos de una mayor cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Para ello, se debe evitar que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores. La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo.
Estas cuestiones han entrado en juego con la aprobación de la Directiva Europea sobre contratación Pública -Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014- que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Así, muchos Ayuntamientos como los de Avilés o Barcelona ya están incluyendo este tipo de cláusulas.
IUC plantea a los Ayuntamientos canarios que en los pliegos de contratación incorporen cláusulas sociales y medioambientales en base a la calidad de las condiciones de empleo, la inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos y de diversidad funcional, el fomento de las políticas de género e igualdad, y los criterios medioambientales y de comercio justo.
Los Llanos de Aridane y Los Realejos han sido los primeros municipios en los que IUC ha presentado esta propuesta, que espera que sea aprobada, en un cuantos más ayuntamientos mejor.