El informe del CGPJ concluye también que la solicitud de lanzamientos por parte de los Juzgados a los servicios comunes de notificaciones y embargos cayó un 3,4% hasta 227, y de ellos, 154 terminaron con cumplimiento positivo, un 1,3% menos que en el tercer trimestre del año pasado.
El 53,6% de estos desahucios derivó de procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente por impagos de alquiler, con un incremento del 2,8%, mientras que el 43,2% fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias (-2,2%) y el 3,2% restante obedeció a otras causas. Por regiones, el 22% de los desahucios, un total de 2.895, se produjo en Cataluña; por delante de Andalucía (16,4%), con 2.157, y la Comunidad Valenciana (16,1%), con 2.117.
Atendiendo al origen de los lanzamientos, Cataluña también ocupa el primer lugar en cuanto a los derivados de la LAU, con el 26,4% del total, seguida de Madrid (14%) y Andalucía (12,6%). En lo que se refiere a los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, el 21,6% se produjo en la Comunidad Valenciana; el 20,8%, en Cataluña; y el 16,8%, en Andalucía.
El informe del CGPJ concluye también que la solicitud de lanzamientos por parte de los Juzgados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 14.701, un 5,5% más que en el tercer trimestre de 2014. De ellos, 8.064 terminaron con cumplimiento positivo, un 8.9% menos que un año antes.
No obstante, el CGPJ advierte de que estos servicios no existen en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.
Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados fueron 14.735, un 12,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que sitúa este tipo de procedimientos en su nivel más bajo desde el mismo trimestre de 2008. Además, se trata del quinto trimestre consecutivo en el que las ejecuciones hipotecarias experimentan una disminución interanual.
Por comunidades autónomas, casi una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias –3.478, el 23,6% del total– se iniciaron en Andalucía. Le siguieron Cataluña, con 2.760 (18,7%), la Comunidad Valenciana, con 2.399 (16,3%) y Madrid, con 1.477 (10%).
En el caso de los concursos de acreedores presentados en el tercer trimestre del año, se produjo una disminución interanual del 21,3%, hasta los 1.451, la cifra más baja registrada desde el mismo periodo de 2008 y el octavo retroceso consecutivo. De estos, 268 fueron presentados en Cataluña (18,5%), por delante de la Comunidad Valenciana, con 232 (16%), Andalucía, con 226 (15,6%) y Madrid, con 200 (13,8%).
En el caso de los concursos de acreedores presentados en el tercer trimestre del año, se produjo una disminución interanual del 21,3%, hasta los 1.451, la cifra más baja registrada desde el mismo periodo de 2008 y el octavo retroceso consecutivo. De estos, 268 fueron presentados en Cataluña (18,5%), por delante de la Comunidad Valenciana, con 232 (16%), Andalucía, con 226 (15,6%) y Madrid, con 200 (13,8%).
Además, durante el tercer trimestre de 2015 llegaron a la fase de convenio un total de 155 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 727, un 24,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los 158.859 procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción suponen un importante incremento, del 10,1%, respecto a los registrados en el mismo periodo de 2014.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Por territorios, el 19,9% de los procedimientos monitorios se registró en Andalucía, seguida de Madrid, con el 17,4%; la Comunidad Valenciana, con el 13,6%; y Cataluña, con el 9,2%.
En cuanto a la evolución interanual, destacan el importante descenso observado en Cataluña, del 39,6%, que contrasta con el fuerte incremento registrado en Canarias, del 52,4%.