{mosimage}Un total de 368.349 mujeres han estado bajo protección policial en España desde que en julio de 2007 se constituyó el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN) pensado para estos casos, donde se clasifica a las víctimas en función del riesgo inexistente, bajo, medio, alto o extremo que supone para su vida y su integridad el hombre que las maltrata.
Todos los casos son monitorizados por 17 cuerpos locales de policía de los distintos territorios, más la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, siendo estos dos los grupos que más casos han supervisado desde 2007, con un total de 369.084.
No obstante, constan 13.476 casos en los que existe riesgo "bajo", junto a 2.916 casos de riesgo medio, 126 de riesgo alto y un total de ocho casos en que el peligro para la mujer se considera extremo.
El diagnóstico es fruto de la evaluación policial del riesgo, un cuestionario tipo test al que se somete a la víctima y con el que los agentes definen atendiendo a sus circunstancias el peligro en el que se encuentra. Es la información, además, que remiten al juez para que pueda tomar medidas de protección en consecuencia.
Este cuestionario se encuentra en fase de modificación, una medida en la que comenzó a trabajar el Ministerio del Interior con un grupo de expertos a principios de este año y que estará plenamente operativa, según este departamento, en los primeros meses de 2016.
La calificación de cada caso se revisa cada cierto tiempo, por lo que la gravedad de la situación puede elevarse o diluirse ante supuestos, por ejemplo, de entrada en prisión del agresor.
Según las instrucciones derivadas de la Ley de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, los casos de nivel extremo de riesgo se revisan cada 72 horas, los de nivel alto, cada siete días; los de nivel medio cada 30 días y los de bajo, cada sesenta.
En un principio, los casos de riesgo no apreciado no se actualizaban salvo a instancias de la denunciante, el Ministerio Fiscal o un juez, pero desde el pasado mes de mayo se reevalúan cada cien días, en virtud del acuerdo que alcanzaron en abril los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad.