Son los datos del último Observatorio Estatal para la Dependencia que elabora periódicamente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y que denuncia la "demolición" de la ley de Dependencia.
Además, el número de personas atendidas se ha mantenido en los últimos tres años en torno a los 779.373 beneficiarios actuales, lo que supone que hay 1.163 personas menos que reciben prestaciones o servicios con respecto a julio de 2012.
La última edición del Observatorio Estatal para la Dependencia subraya también que más de 100.000 personas han fallecido sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido, algo que contribuye a reducir las listas de espera.
En este sentido, lamentan que debido a las "reformas" y "recortes", el sistema ha colapsado de manera que los nuevos atendidos no lo son en virtud de su derecho, sino que dependen de las bajas que se producen.
Han denunciado que tras el recorte de más de 2.000 millones de euros en 4 años, los presupuestos generales del Estado para 2016 prevén un incremento de 75 millones, que es —a su juicio— "la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 400.000 personas en el limbo de la dependencia". Además, se han expulsado del convenio especial de cuidadores no profesionales de la seguridad social a más de 165.000 personas y ya sólo quedan 11.527 cuidadores cotizantes que no tienen apoyos de servicios profesionalizados ni periodos de descanso ni formación.
"El primer efecto es sobre las familias", señala Maribel López, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. La reforma de 2012 recortó horas de atención a domicilio, horas de servicios y puso incompatibilidades entre ellos, no pudiendo beneficiarse de varias prestaciones al mismo tiempo. "Todo ello repercute en la calidad del servicio que se ofrece", sostiene esta trabajadora social, ya que "no se han cubierto las necesidades reales".
El Observatorio señala que sólo cinco comunidades aprueban en la Escala de Valoración del Observatorio y 3 destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50). Mientras, dos autonomías se sitúan entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67), La Rioja (6,67) y seis rozan el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia. Por su parte, seis suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia (3,75), Madrid (3,33), Ceuta y Melilla (2,50) y con la peor calificación la Comunidad valenciana (1,25).