La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública preveía que, a partir del 1 de enero de 2016, los municipios de menos de 20.000 habitantes perderían sus competencias a favor de las comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias había ya previsto una solución jurídica a través de la Ley Canaria de Municipios, para que los ayuntamiento pudieran seguir manteniendo sus competencias.
“Se trata de acabar con la incertidumbre de una ley que tenía a todo el mundo en contra, no solo a la oposición, sino también, a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos, incluidos los del Partido Popular” -dijo Hernández-, quien añadió que “el Gobierno del Estado rectifica, de lo cual nos alegramos”.
Por último insistió en que “Canarias es una comunidad infrafinanciada” y que en los últimos años la aportación del Estado a los servicios sociales comunitarios se ha reducido “en torno a un 60%”. “Ahora se abre un proceso de financiación autonómica y local en el que se irán definiendo tanto las competencias como los dineros que corresponden a cada administración”.