Román Rodríguez. Portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias
{mosimage}En apenas cuatro meses el presidente del Gobierno de Canarias ha generado dos conflictos innecesarios que dividen a la sociedad canaria y que tienen, tras de sí, el peligroso germen del insularismo conservador más trasnochado. Primero con las carreteras, al apoyar que el Cabildo de Tenerife negocie por su cuenta obra nueva (el túnel de Erjos) al margen del convenio vigente, rompiendo la unidad de acción, debilitando al Gobierno y olvidando lo fundamental del problema: los recortes brutales realizados por el Ejecutivo del PP.
En este segundo caso se ‘olvidan’ de que la distribución para las políticas generales se hace por población y, en todo caso, se ponderan por otros factores, como la insularidad. Y, encima, intentan hacerlo sobre la base de la triple paridad, es decir, sobre la esencia de uno de los sistemas electorales más desproporcionados e injustos del mundo, cada vez más cuestionado.
Entran, además, en contradicción con lo que Canarias exige al Estado en sus justas reclamaciones sobre financiación. Pidiendo, por ejemplo, el mismo gasto medio per cápita en sanidad.
El presidente y su grupo se han quedado solos en el Parlamento. PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias (NC) hemos rechazado el reparto de los 160 millones de euros del IGTE sobre la base de la triple paridad. La inmensa mayoría de la Cámara, que supone más del 80% de la representación de votos ciudadanos con presencia en el Parlamento, ha dicho, no a la propuesta de Clavijo.
El mismo Clavijo que ha organizado un frente de seis presidentes de Cabildo contra el de Gran Canaria, frente que intenta tomar una decisión que no le corresponde y que afecta a los recursos que deben ser correctamente distribuidos por el Parlamento o por el Ejecutivo entre todos los canarios.
Dinero virtual
Además, la propuesta del IGTE es una propuesta virtual del ministro que peor ha tratado a Canarias en la etapa democrática. Desde el Ministerio de Hacienda se aseguró que, a finales de octubre, se reuniría la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y Canarias para cerrar la cesión del 50% del IGTE que todavía quedaba en manos estatales (el otro 50% fue cedido en 2009, como complemento a la deficiente financiación autonómica, y se comenzó a aplicar desde 2010). Pero esta reunión no se ha producido aún y, de momento, no tiene fecha.
Lo único cierto es que los 160 millones de euros (193 millones de euros si añadimos los 33 millones de euros que corresponden a la liquidación anual que la comunidad canaria tiene pactada con el Estado por lo que le adeuda del período 1993-2007) figuran como ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 y, en el de Canarias, aparecen como gasto, como dinero a devolver a Madrid.
Resulta imposible que ess casos, resultarte financicitado para 2016que corresponden a re los territorios, teniendo en cuenta las dificu imposible que ese dinero llegue a las Islas en enero de 2016, como anunciaron. Quedará todo en manos de la voluntad política del próximo Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre.
La propuesta del presidente ha ido sufriendo algunas transformaciones. Primero, triple paridad, pura y dura. Después añadió un 10% por desempleo, dejando un 90% por la triple paridad; lo que no deja de ser un mínimo impacto, que en modo alguno resuelve la injusticia de fondo.
Ahora trata de zafarse de la triple paridad que él mismo planteó, argumentando que se trata de financiar proyectos en el marco de un fondo de desarrollo económico y por el empleo, a realizar en una década con esos 1.600 millones de euros del IGTE. Una cantidad completamente ridícula, 160 millones de euros anuales, para impactar de manera significativa en los sectores productivos, los servicios públicos y las infraestructuras.
Por comparar, el nuevo plan de carreteras representará casi el doble y el de infraestructuras turísticas públicas necesitará esa cantidad. En una economía de 43.000 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB), como la canaria, esas cifras no modifican casi nada. Decir que así se va a cambiar el modelo económico es un atrevimiento sin la menor base. Precisaríamos de unos 1.600 millones de euros anuales más (no en una década) en el sector público para contribuir a la salida de la actual situación.
Financiación
Para alcanzar unos objetivos mínimos similares al resto de las comunidades autónomas es preciso que Canarias consiga una justa financiación autonómica, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), disponer de unos presupuestos estatales que no nos castiguen como todos los aprobados por el Gobierno del PP para los ejercicios del 2012 al 2016 y, también, implementar una nueva política fiscal progresiva y que persiga el fraude.
Ese debe ser el objetivo del Gobierno y del Parlamento canario, trabajando con el mayor grado de unidad con el conjunto de las organizaciones sociales y políticas de las Islas. Un camino bien distinto al emprendido por un presidente que ha intentado lavar la cara al Ejecutivo del PP.
Al mismo Gobierno del PP que dejó a Canarias sin 775 millones de euros del convenio de carreteras entre los ejercicios de 2012 y 2016. Al que se negó a modificar la financiación autonómica (haciendo que Canarias pierda 3.000 millones de euros en relación a la media entre 2012 y 2016) y que nos maltrató sistemáticamente en los Presupuestos Generales del Estado. Eximiendo de su responsabilidad a quienes tanto daño han hecho a Canarias, salvando al ministro que peor nos ha tratado en la etapa democrática, y, al tiempo, dividiendo y enfrentado a los canarios.