Plantea incorporar en los procedimientos de contratación pública criterios de adjudicación que valoren aspectos sociales y medioambientales
{mosimage}SB-Noticias.- El Grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife propondrá vía moción en el pleno insular del próximo viernes 30 de octubre que en los procedimientos de contratación pública promovidos desde esta institución se incorporen criterios de adjudicación que valoren aspectos sociales y medioambientales y no, como hasta ahora, solo criterios de solvencia económica.
Entre las novedades que Podemos plantea incorporar a la política de contratación pública del Cabildo, la Consejera de Podemos Paqui Rivero destaca la obligación de que las empresas o entidades contratistas apliquen a la plantilla el último convenio colectivo del sector en el que se encuadre su actividad, que en caso de subrogación de servicios no puedan empeorar las condiciones laborales ni salarios de la plantilla y que, además, se tenga en cuenta como criterio determinante para no contratar con empresas la reiteración sistemática y conocida de prácticas que vulneran los derechos laborales y sindicales de su personal. Así, el número de demandas presentadas ante la Magistratura de Trabajo y falladas en contra de la empresa podría ser motivo de exclusión en los procesos de adjudicación pública del Cabildo tinerfeño.
En cuanto al fomento del empleo de calidad, cita la propuesta de aplicar criterios de preferencia por las empresas que garanticen la contratación indefinida o mejoras laborales respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo.
Contratación responsable en 6 meses. Para materializar esta propuesta de contratación responsable que Podemos pide empezar a aplicar en el plazo de seis meses, la formación plantea la elaboración de un reglamento en el que se tengan en cuenta las aportaciones de todos los grupos políticos del Cabildo y que cuente con el asesoramiento de las organizaciones sindicales representadas en esta corporación, en sus organismos y en todas las empresas a las que la administración insular haya subcontratado servicios esenciales como los de limpieza, vigilancia u otros.
Además, pide que se tenga en cuenta a la Red Canarias de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral Anagos, a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), a organizaciones de mujeres que trabajan en materia de Igualdad de Género y a representantes de los Colegios Profesionales más directamente relacionados con esta cuestión, entre ellos, al menos los de Trabajo Social, Graduados Sociales y Psicología.
Solo en los primeros meses de este año de las 2.096 facturas pagadas, 2.087 se abonaron fuera del periodo legal de pago, con un periodo medio de pago de 138,80 días
Tras el último Pleno municipal, en el que se rechazó la moción presentada por Unid@s se puede para poner en marcha una Auditoría ciudadana de la deuda municipal, se alcanzó el acuerdo de realizar el análisis del origen y del nivel de pago de la deuda municipal a través de la Comisión de Hacienda, que no se ha convocado después de casi 20 días.
José Luis Hernández, concejal y representante de Unid@s se puede en la Comisión de Hacienda, asegura que la medida es insuficiente, ya que la moción presentada por su grupo político en el último Pleno abordaba el asunto con mayor profundidad, la necesaria para tratar de explicar los 97 millones de euros de deuda existentes, según el Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2014, así como sus efectos sobre el Ayuntamiento.
Hernández explica que, ya que buena parte de los grupos municipales optaron por convocar la Comisión de Hacienda para abordar este asunto, se hace necesario que tomen cartas en el asunto, por lo que el pasado 23 de octubre registraron una solicitud en la que pedían la convocatoria de esta reunión.
“Esperamos que se aborde lo antes posible esta situación, que obliga al municipio al pago de 14 millones de euros anuales a las entidades bancarias que prestaron los fondos para atender la deuda municipal con los proveedores”, explica. El edil de la formación lagunera recuerda que los datos del Ministerio de Hacienda indican que La Laguna sigue incumpliendo el pago a los proveedores y que solo en los primeros meses de este año de las 2.096 facturas pagadas, 2.087 se abonaron fuera del periodo legal de pago, con un periodo medio de pago de 138,80 días.
El concejal señala que con esta práctica se perjudica directamente al pequeño comercio lagunero y a los proveedores de servicios de todo tipo, que tardan meses en poder cobrar por las labores desarrolladas. “Vivimos una intervención municipal de facto, que genera graves problemas para asegurar el mantenimiento de servicios de calidad, que en 2016 podría generar privatizaciones de algunos de ellos, como cementerios y la Recova”, manifiesta.