{mosimage}SB-Noticias.- Matos recuerda que Canarias abonó 19 millones de euros en concepto de tasas judiciales “antes de que el Ejecutivo de Rajoy rectificara la aberración jurídica y constitucional de hacer pagar a los españoles por acudir a ejercer el derecho fundamental de hacer uso de la justicia, pero de estos 19 millones de euros, ni un solo céntimo de euro ha sido revertido a las islas para financiar la administración de justicia en Canarias”.
Como recordó, Canarias abonó en concepto de tasas judiciales la cantidad de 19 millones de euros “antes de que el Ejecutivo de Rajoy rectificara la aberración jurídica y constitucional de hacer pagar a los españoles por acudir a ejercer el derecho fundamental de hacer uso de la justicia”.
De estos 19 millones de euros, dijo, “ni un solo céntimo de euro ha sido revertido a las islas para financiar la administración de justicia en Canarias, a pesar de lo manifestado por el Gobierno del PP, que en su día justificó la imposición de esta tasa con el supuesto objetivo de mejorar la financiación de la justicia en nuestro país”.
Matos hizo hincapié en que el PP “nos ha vuelto a engañar: ha incumplido no sólo con su propia ley, sino con las promesas hechas a las diferentes comunidades autónomas que, además, a partir del 1 de enero deberán asumir el coste de la implantación de las novedades procesales que el PP ha aprobado”. A su juicio, “esto es como irse de fiesta y que los demás paguen la factura”.
El diputado del PSOE subrayó que el PP limitó injustamente la posibilidad de que los ciudadanos ejercieran su derecho constitucional a acudir a los tribunales imponiéndoles la obligación de pagar un peaje por su ejercicio. “Dejó indefensos a millones de ciudadanos que vieron como de pronto, a los ya costosos gastos propios de los procedimiento se añadiera un obstáculo más, injusto y que creó una justicia para ricos”.
Gustavo Matos afirmó que lo menos que puede hacer el PP es cumplir y entregar las cantidades recaudadas por este peaje judicial a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en administración de justicia, “porque es la única forma de que al menos lo recaudado redunde en un beneficio para los ciudadanos y la mejora de los medios que usan en el día a día los órganos judiciales”. Al mismo tiempo, añadió, “no olvidemos que la tasa judicial aún sigue siendo exigible para pequeños empresarios que deban recurrir a la administración de justicia”.