Hoy la PAH lanza una llamada a la acción: la campaña “La Sareb es Nuestra” para destapar una estafa, para denunciar que continúa el expolio de la vivienda que debería ser nuestra, de los ciudadanos, pagada con dinero de todas pero utilizada para especular y enriquecer a unos pocos.
Entre 2010 y 2012, el estado español inyectó más de 61 mil millones de euros de dinero público – de nuestro dinero – para rescatar a la banca. Teníamos 45 cajas de ahorros y 8 bancos antes de la crisis. Ahora, después de fusiones y reestructuraciones, tenemos 2 cajas de ahorros y 15 bancos.
El resultado ha sido una concentración de capital en manos de pocos. El objetivo principal de la nacionalización de varias entidades – Catalunya Caixa, Bankia, Unnim, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia – no ha sido el bien común o el beneficio de los ciudadanos sino el beneficio de la banca.
Por ejemplo, después del rescate vimos cómo BBVA compró a Unnim por un euro en 2011, y La Caixa se quedó con el Banco de Valencia por el mismo precio en 2012. El robo sigue hasta hoy. Con la venta de Catalunya Caixa a BBVA hemos perdido 12.000 millones de euros. Y estamos a la espera de ver lo que perderemos con la venta de Bankia.
En otras palabras: gracias al bolsillo de la ciudadanía, los ricos se están haciendo más ricos, mientras que nosotras, la gente de a pie, vivimos la austeridad, los recortes y los desahucios, entre otros males, para asegurar que paguemos nosotros por el rescate.
Las pérdidas son de todos, y las ganancias de muy, muy pocos.
Parte del proceso de “limpiar” o “sanear” el sistema financiero ha sido la creación de la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender y la deuda de promotores y constructoras fallidas.
Con más de 106.000 propiedades, la Sareb es la inmobiliaria más grande de Europa. Encima, es una entidad que es 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en lugar de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027.
Gracias a la presión ciudadana, la Sareb ha cedido 2.000 viviendas a las comunidades autónomas en 2014. Pero decimos que es demasiado tarde, y sobre todo demasiado poco. 2.000 viviendas sólo son el 2% de todas las viviendas que tienen.
¡Las queremos todas!
En lugar de rescatar a la gente, se rescató a la banca con nuestro dinero. Estamos sufriendo recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos para asegurar el pago del rescate.
Denunciamos esto como un expolio, y con este objetivo lanzamos la campaña “La Sareb es Nuestra”, para retomar lo que es nuestro.
Ante esta situación, la campaña de la Obra Social de la PAH se basa en la movilización y autoorganización, siendo conscientes que solo organizadas y con apoyo muto podemos plantar cara a la injusticia que supone la acumulacion de vivienda vacía junto con el drama de los desahucios, recuperando así esas viviendas que son nuestras y que la banca con la inseparable ayuda del gobierno nos ha arrebatado.
La PAH de Tenerife también ha recuperado un bloque de viviendas de la SAREB en Tacoronte, 10 familias, cuyas circunstancias económicas y de precariedad les mantienen en una situación de total vulnerabilidad. Mañana está previsto el desalojo de dos de ellas, a las 10:00h. en la calle Ismael Domínguez, 84. Hemos utilizado todas las vías posibles para paralizarlos: solicitar su suspensión en el juzgado nº 2 de La Laguna, interpelar al ayuntamiento de Tacoronte, al Cabildo de Tenerife y al propio Gobierno de Canarias, que ha mirado para otro lado argumentando que no pueden intervenir, negando el derecho a la asistencia social de estas personas por ser "ocupantes" de viviendas.
Queremos recordar al Gobierno de Canarias que los Derechos Humanos son inalienables, y tienen el mismo valor para todas las personas, que muchas de estas ocupaciones son el producto de su falta de intervención anterior, la negación del derecho a la vivienda y prueba fehaciente de su mala gestión. Son incapaces de dar una respuesta a los desahucios, ya sea por procedimientos hipotecarios o de alquiler, y ésta es la verdadera razón por la que miles de familias canarias se ven en completa indefensión.
Esta respuesta dada desde el Ayuntamiento de Tacoronte y El Instituto Canario de la Vivienda, deja claras cuales son sus prioridades ante la grave problemática social existente, y que todas sus propuestas son meramente electoralistas, ningún proyecto de oficina de intermediación hipotecaria y de defensa del derecho a la vivienda tendrá sentido mientras nuestro gobierno piense que los Derechos Humanos no valen lo mismo para todas personas, y que ellos no tienen la obligación de atenderlas.