El acuerdo contempla la construcción de 188 viviendas nuevas y la demolición de los locales comerciales y de las 160 viviendas correspondientes a diez bloques
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de hoy la suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para la reposición y reurbanización de la Urbanización Las Chumberas, por un importe global que asciende a 25.246.320 euros.
La firma de este convenio permitirá financiar las obras de reposición y reurbanización de Las Chumberas, que consistirán en la construcción de 188 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales, así como en la demolición de los locales comerciales y de las 160 viviendas correspondientes a diez bloques.
En concreto, la primera fase de la reposición y reurbanización contempla la demolición de los locales comerciales y las 160 viviendas correspondientes a diez bloques y la construcción de 108 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales, además de la reurbanización correspondiente, las obras de urbanización vinculadas a esta primera fase, así como las medidas de seguridad que se requieran para la totalidad de la Urbanización de Las Chumberas, incluidos los realojos que fueran preceptivos.
Posteriormente, se procederá a la construcción de las otras 80 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales y la reurbanización correspondiente.
Una inversión de más de 25 millones de euros
De la inversión global contemplada en el Convenio, un total de 25.246.320 euros, el Gobierno de Canarias aportará 8.836.212 euros; el Cabildo de Tenerife, 2.524.632 euros y el Ayuntamiento de La Laguna destinará 1.262.316 euros, mientras que el Ministerio de Fomento aportará 12.623.160 euros.
Hay que recordar que este Convenio se suscribió con fecha 18 de noviembre de 2011, por un montante que ascendió a 9.722.499,51euros. Con fecha 27 de diciembre de 2012 se firmó una Adenda al citado acuerdo por el que se prorrogó su plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2016.
La necesidad de ajustar el plazo de vigencia y justificación de las aportaciones de los dos convenios, conllevó, previa autorización del Gobierno en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2013, la suscripción de una segunda adenda al convenio suscrito el 18 de noviembre de 2011, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en el que se establecía que, el abono del 50% pendiente de abonar se haría efectivo durante el ejercicio 2016, previa justificación de gasto íntegro del primer 50% abonado, estableciéndose el plazo para ejecutar las obras hasta el 31 de octubre de 2016 y el plazo para justificar las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2016.
OTRAS NOTICIAS
El Gobierno iniciará la revisión de la legislación sectorial canaria para evitar duplicidades
El Consejo de Gobierno aprobó hoy a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad un acuerdo por el que se aprueba el procedimiento a fin de acometer el análisis y revisión de la legislación sectorial para detectar y corregir las duplicidades de competencias administrativas de las distintas administraciones públicas de Canarias, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Asimismo, en el marco del cumplimiento a lo establecido en la citada legislación y en los compromisos asumidos en el Pacto de Gobierno 2015-2019, el Ejecutivo también considera necesario poner en marcha este estudio de la legislación para llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias hacia las Administraciones Públicas más cercanas al ciudadano.
Para llevar a cabo esta labor, cada departamento revisará la legislación sectorial de los ámbitos funcionales que tiene atribuidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de alcanzar una Administración más ágil y con un reparto claro de competencias.
En dicho análisis se dará audiencia de los municipios y cabildos a través de la Fecam y la Fecai y, en caso de que estén en funcionamiento, se pedirá informe del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias, como órganos colegiados de colaboración y cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los municipios y cabildos.
Del acuerdo final se dará cuenta al Parlamento de Canarias de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares con objeto de dar cumplimiento a la revisión de la legislación sectorial que esta prevé a fin de detectar y corregir las duplicidades en el ámbito de la Administración.
El Gobierno aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias
Estará integrada en la Administración Tributaria Canaria y su funcionamiento se basará en criterios de independencia funcional, celeridad y gratuidad
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias con el fin de completar la regulación normativa de este órgano integrado en la Administración Tributaria Canaria.
Dicho órgano se encargará de la resolución de las cuestiones relativas a las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la Consejería de Hacienda o por otras consejerías, así como por las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
La Junta actuará bajo criterios de independencia funcional, celeridad y gratuidad, y estará compuesta por el presidente y un mínimo de dos vocales, todos ellos con voz y voto.
El presidente será nombrado por la consejera de Hacienda entre funcionarios del grupo A de cualquier administración pública y de reconocida competencia en materia tributaria. Por su parte, los vocales, uno de los cuales asumirá las funciones propias de la secretaría, serán nombrados de entre funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado, de las demás comunidades autónomas o entre funcionarios de la administración local que reúnan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
La Junta Económico-Administrativa de Canarias, que tendrá su sede en la capital donde radique la Consejería de Hacienda, funcionará en pleno, aunque sus miembros también podrán actuar como órganos unipersonales para declarar la inadmisibilidad de la reclamación o acordar el archivo de actuaciones, entre otras cuestiones.
Todos los miembros del pleno, así como los órganos unipersonales, ejercerán con total independencia, y bajo su responsabilidad, las funciones que tengan legalmente atribuidas y las restantes que les pueda asignar su presidente.
El Gobierno declara una asociación de interés público por primera vez
La trayectoria de la Asociación Coordinadora El Rincón-Ecologista en Acción en la protección del medio ambiente y la defensa de la legalidad urbanística explican la decisión
El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy aprobar el Decreto por el que se declara de interés público de Canarias la Asociación Coordinadora El Rincón-Ecologista en Acción. Conforme a lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias en las que concurran las circunstancias previstas en el citado precepto, siendo la Asociación Coordinadora El Rincón-Ecologista en Acción la primera declarada como tal en correspondencia con la citada norma.
Desde 1997 la Asociación Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción figura inscrita en el Registro de Asociaciones Canarias, teniendo como ámbito territorial de actuación el de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre sus fines figura la defensa, divulgación, fomento y colaboración ciudadana en materia de materia del patrimonio natural y cultural del Archipiélago, así como la participación en la ordenación y uso sostenible de los recursos del territorio y la calidad de vida de sus habitantes.
Esta asociación es un grupo ecologista ubicado en el Valle de La Orotava, en Tenerife, surgido a raíz de un movimiento ciudadano en defensa de la zona de El Rincón. Este lugar, tras una iniciativa popular ciudadana avalada por más de 30.000 firmas, fue declarado paisaje protegido por la Ley 5/1992, 15 de julio, para la ordenación de la zona de El Rincón, La Orotava.
El Gobierno pide dictamen al Consultivo sobre el cambio del Registro de Intereses de Altos Cargos
El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 195/1997, regulador de la organización y funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.
El Ejecutivo pretende con esta medida adaptarse a la modificación introducida por la Disposición Final Primera de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
En ella, se añade un apartado quinto al artículo nueve de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que establece que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos previstos en el artículo 2 de esa ley se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos reglamentariamente.
Además, prevé en relación con los bienes patrimoniales que se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.
Por tanto, el Ejecutivo considera necesario llevar a cabo determinadas modificaciones puntuales en el Decreto 195/1997, de 24 de julio, en orden a desarrollar reglamentariamente lo contenido en el reseñado artículo 9.5 de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, así como establecer la regulación que posibilite su aplicación.
Independientemente de que con ocasión de la aprobación de esta norma el Gobierno quiere manifestar que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ya está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que regule con carácter general el Estatuto de los Altos Cargos y que incorpore al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben seguir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Ejecutivo regional a fin de reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones así como una actuación transparente y responsable por parte de quienes desempeñen esos cargos.
La norma recogerá tanto los requisitos de acceso a dichos cargos de responsabilidad, sus obligaciones, deberes e incompatibilidades así como las normas, principios, valores y reglas de actuación que deben seguir en el ejercicio de sus responsabilidades.