Rosell se refiere al CIE de Barranco Seco como su experiencia más desesperante y aboga por probar en Canarias un nuevo sistema “no tan plagado de violaciones de derechos”
{mosimage}SB-Noticias.- El Cabildo acoge las I Jornadas de Migración y Refugio que han triplicado su previsión inicial y hoy prosigue con la psicóloga Ana Henríquez para denunciar la trata de mujeres y la ex corresponsal en Oriente Medio Yolanda Álvarez para disertar sobre Palestina.
Los expertos y participantes congregados en la I Jornada de Migración, Refugio y Derechos Humanos en el Cabildo de Gran Canaria han coincidido en la necesidad de dejar de hablar de solidaridad y hacerlo de responsabilidad, derechos y deberes porque la ciudadanía ha demostrado estar a la altura, es el sistema el que falla.
En este sentido se manifestaron el representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, y la jueza de control del Centro de Internamiento de Barranco Seco, Victoria Rosell, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien sentenció que el primer mundo no puede “mirar para otro lado” tras provocar la miseria de los países empobrecidos.
Y es que mil millones de personas sufren hambre, la mitad de la población no tiene acceso al agua potable y son 400 los millones de niños que sufren esclavitud, muchos sufren guerras “y hay que recordar la responsabilidad directa que tienen los países enriquecidos, las grandes potencias y las multinacionales”, subrayó.
La jueza Rosell, por su parte, dio a conocer su experiencia del trato que el primer mundo da a los empobrecidos en la vieja cárcel de Barranco Seco para, además, contrarrestar la opacidad de este lugar sin ocultar su contrariedad por las situaciones que atraviesan allí personas que no han cometido delito alguno ni están sometidas a sanciones privativas de libertad, pero que, aun así, son encerradas y sometidas a situaciones denigrantes.
Tanto es así, que aseguró que es la experiencia más “desesperante” de su carrera a pesar de que su labor como jueza de instrucción la ha entrenado para sostener las emociones, pero las vivencias en el CIE van más allá porque se trata de defender a personas del propio sistema del que, además, ella misma forma parte.
Canarias, considera, es un lugar idóneo para probar un nuevo sistema “menos plagado de violaciones de derechos”, como ya se hacen en países del entorno, ya que el razonamiento para la existencia de estos centros es tener localizadas a las personas que van a ser expulsadas para llevarlas al avión, y ello a pesar de que la mitad de los internados son inexpulsables por distintas causas.
Una opción serían los pisos tutelados, con toda probabilidad “aparecerían 180 personas dispuestas a acompañarlas” para asegurarse de que estarían en el aeropuerto el día indicado y evitar su encierro mientras tanto porque “las personas no han fallado, han demostrado estar a la altura”, reiteró la jueza, quien como autocritica aseguró que la pulcritud judicial que rige en el grueso de las sentencias no reina en este ámbito. “La vara de medir no es la misma” a pesar de que la mayoría procede “de países de obligatoria huida”.
Que sea la policía la que investigue con preguntas como “¿viene usted a prostituirse?” si una mujer es víctima de trata de blanca en vez de sicólogos o antropólogos, que una mujer, probablemente violada en la patera, se entere a la llegada de que está embarazada y en Barranco Seco de que es seropositiva, no tiene derecho a retrovirales y entre en “shock”, o convencer a un matrimonio brasileño para que recoja a sus niños en el colegio como forma de evitar la expulsión son solo algunas de las desgarradoras vivencias del centro.
“El derecho a un nombre es innato a la dignidad del ser humano”, pero también les es usurpado, ya que para que la Policía los reconozca debe preguntar “por el 110” o cualquier otro número que se les rotula en un esparadrapo a la llegada.
Por todo ello, “lo que me hace seguir es que la ciudadanía si está a la altura, más que los políticos, pero es ella la que debe exigir el cambio de sistema”, concluyó.
Organizadas por el Cabildo, Guin Guin Bali y CEAR, las jornadas desbordaron las expectativas iniciales al triplicarse el número de inscritos previstos y se trasladan este viernes al sur para comprobar el trabajo de la Cruz Roja en la atención de inmigrantes y prosigue por la tarde con la psicóloga Ana Henríquez que disertará sobre las víctimas de trata, el miembro de la comunidad saharaui en Canarias Bachir Ahmed y la ex corresponsal en Oriente Medio Yolanda Álvarez.
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“No se trata solo de eliminar barreras arquitectónicas, sino de construir los compromisos políticos para ejecutar desde todas las áreas del Cabildo para hacer efectiva la accesibilidad universal”, subrayó la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez, en la primera reunión del Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria de este mandato.
Uno de los acuerdos fue la creación de una comisión de trabajo para definir las líneas de intervención del Plan. “Vamos a escuchar a las organizaciones que son las que mejor conocen las barreras que existen, y dónde y cómo tenemos que intervenir”, agregó Máñez.
El Observatorio es un órgano de participación y consulta integrado por asociaciones, colectivos e instituciones públicas. La consejera planteó la necesidad de reforzar su papel. “Cuando se crea un órgano consultivo, asesor y participativo hay que vigilar que sea justamente eso”, apostilló.
La reunión sirvió además para recoger propuestas para la celebración de la IV Feria Gran Canaria Accesible, fijada para abril de 2016, y que será planificada siguiendo los criterios del Observatorio.
También sometió a valoración la campaña de concienciación que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo desarrollará en noviembre y diciembre en centros educativos, eventos y clubes deportivos, jornadas, charlas y actos lúdicos.