{mosimage}José Manuel Rivero.- Detrás de esta maniobra urbanística del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (a través de su Plan General de Ordenación Urbana), puede esconderse una mega operación especuladora mafiosa, para favorecer a compañías oligárquicas o transnacionales privadas dedicadas, tanto a la explotación turística (grandes empresas arrendatarias de complejos turísticos o grandes cadenas hoteleras, españolas, por ejemplo) como al negocio de" tours operadores" (muchas veces vinculados con la explotación turística y el alojamiento; por ejemplo, los anglosajones, noruegos, suecos o alemanes), como si de "fondos buitres", se tratara.
Es decir, cambiar el uso residencial a uso turístico de miles de apartamentos, adquiridos (con todos sus ahorros vitales o con créditos que pagaban, en bastantes casos, a duras penas) por muchísimas personas, incluso, desde hace mas de cuarenta años en el "sur" de Gran Canaria, sobre todo entre las playas de San Agustín, el Inglés y Maspalomas; para utilizarlos, sobre todo, como primera residencia (personas jubiladas fundamentalmente o trabajadores en esa zona) o segunda residencia, para disfrutarlo unos meses-verano- y otros meses – menos de un año- alquilándolos, es un nuevo saqueo neocolonial en Canarias. Favoreciendo la concentración de la propiedad, al comprar a bajísimos precios "el apartamento del sur" de esos propietarios los grupos oligopolísticos del sector explotador de toda la cadena turística, muchos transnacionales.
Toda vez que, ese cambio de uso bajo un régimen de fuertes sanciones económicas, si se continúa por esas personas haciendo un uso residencial de sus apartamentos, obligaría a éstos a vender a aquellas mega corporaciones privadas dedicadas al negocio turístico, en todas su fases, a precios irrisorios. Todo ello, en un contexto de catástrofe socio económica en Canarias, más del 30% de desempleo, hambre, altos precios en alimentación, próximos recortes sociales (salarios y pensiones para cubrir "los objetivos del déficit", impuesto por la "troika" – 55.000 mil millones de euros han de ajustarse hasta 2017), crack bursátil, emigración forzosa juvenil).
Y que el Partido Popular se deje de "milongas", sobre el derecho de propiedad privada (que no es derecho fundamental), arrimando "el ascua a su sardina". Cuando lo que se vulnera es el derecho fundamental de las personas a residenciarse libremente en una vivienda digna y a disfrutar del descanso y el ocio (derecho a la salud y a su integridad moral) en una residencia que ha adquirido, también, para ello. El régimen de propiedad privada oligopolístico y de concentración en mega corporaciones sobre un territorio, atenta contra a los derechos a la libertad, a la igualdad y a la autodeterminación de las personas y los pueblos.
Paremos este nuevo ataque colonial mafioso contra Canarias y su pueblo, donde un Gobierno de Canarias y una corporación municipal (Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana) objetivamente favorecen este nuevo "pelotazo urbanístico".