El Cabildo pretende seguir impulsando mediante “triquiñuelas legales” las mismas actuaciones anuladas del Plan Especial de Ordenación Turística que sólo suponen una degradación para la isla
{mosimage}SB-Noticias.– Podemos La Palma critica que el grupo de gobierno del Cabildo de La Palma busque “triquiñuelas legales” para imponer las mismas actuaciones urbanísticas del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística recientemente anulado por el Tribunal Supremo.
Para Dailos González, consejero de la organización política en el Cabildo, “resulta indignante que, en vez de acatar la sentencia y plantear un nuevo Plan Territorial que reformule el modelo turístico para la isla, el Cabildo opte por cambiar las leyes para seguir con las mismas actuaciones, pero ahora a través del PIOLP”.
Según Podemos, el futuro de la isla de La Palma no pasa por campos de golf y otro tipo de infraestructuras turísticas que, en la práctica, supondrían una degradación de la propia isla, sino por una actividad turística adaptada a las propias características y singularidades de la misma, basada en el turismo de naturaleza, cultural o el agroturismo. Ello implicaría, señalan desde Podemos, “plantear unos máximos en la capacidad de carga turística de la isla alejados de cualquier idea de crecimiento eterno que entraría en contradicción con la propia idea de desarrollo sostenible”, detalla el consejero.
González aclara que desde Podemos “no rechazamos el turismo en sí, pero sí debemos cuestionar qué tipo de turismo es el que queremos y, desde luego, rechazamos aquellos modelos que suponen que la mayor parte de los beneficios se queden en el lugar de origen”. En este sentido, plantea como prioritario diseñar alternativas a la actual dependencia de los touroperadores.
Para Podemos, el modelo turístico de masas ya ha demostrado su ineficacia en otras islas; allí donde ha aumentado la afluencia de turistas, no se ha generado ni más empleo ni de calidad. “Más bien creado numerosos problemas sociales y medioambientales”, critica González.
Para Podemos la solución no está en buscar recovecos legales para imponer las actuaciones suspendidas, sino en acatar la sentencia del Tribunal Supremo y elaborar un nuevo plan que cumpla la legalidad con una nueva orientación.