Podemos, IUC y Sí se puede, se unen a colectivos como la Plataforma contra el Puerto de Granadilla y Ben Magec en la lucha contra esta infraestructura
{mosimage}SB-Noticias.- Las organizaciones políticas de la izquierda alternativa de las islas entienden que este proyecto condena el desarrollo de las energías renovables en las Islas, denuncian que el proyecto carece de utilidad pública y obedece a intereses de las eléctricas y particulares, y advierten que el Estudio de Impacto Ambiental es un documento desastroso y sesgado, que solo pretende favorecer la introducción del gas sin tener en cuenta los verdaderos peligros que supone.
Podemos Tenerife ha presentado, a través de su Secretaria General, María Coll, un conjunto de alegaciones al proyecto modificado de Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado en el Polígono Industrial de Granadilla promovido por GASCAN, S.A., sociedad vendida a Enagas y abducida a su vez por Goldman Sachs.
La formación morada considera que esta regasificadora carece de interés general, además de que va en contra del manifiesto rechazo popular expresado reiteradamente en el archipiélago al desarrollo e implantación de energías fósiles, abogando por un desarrollo sostenible para Canarias, en el que la potenciación de las fuentes de energías renovables es fundamental. Entiende que así “se está condenando e impidiendo el desarrollo de las energías alternativas en Canarias”.
Podemos alega que este proyecto se basa en unas demandas energéticas irreales, sobredimensionadas y desfasadas para la isla de Tenerife, no se ajusta al PECAN (Plan Energético de Canarias), es improcedente hasta tanto se encuentren en tramitación las Directrices de Ordenación del Sector Energético en Canarias (DOSE) y contraviene además el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) ya que esta planta carece de cobertura normativa para legitimar su actuación al no encontrarse aprobado el documento de planeamiento de la Plataforma Logística del Sur.
Podemos manifiesta que “carece de todo sentido iniciar una apuesta por la implantación de gas natural en Canarias”. María Coll, afirma que “basar la gestión energética de la isla de Tenerife en la importación marítima de gas natural licuado supone exponerla a los intereses del mercado, en clara connivencia con la multinacional ENDESA, beneficiaria de esta operación, ya que la introducción del gas sólo conseguirá subir aún más el precio de la factura eléctrica en Canarias”. Por todo ello que Podemos considera que “la introducción del gas natural licuado en Canarias obedece a poderosos y oscuros intereses particulares”.
La Secretaria General de Podemos Tenerife afirma que “la regasificadora supone un fuerte impacto sobre el medio marino, así como un riesgo evidente sobre las poblaciones del entorno ante eventuales accidentes y por las afecciones del gaseoducto que conectará con Santa Cruz” y no se explica cómo se presenta de nuevo este proyecto ignorando el contenido de la sentencia del TSJM de 16 de marzo de 2015 que anula la autorización administrativa. “Si la entidad promotora del proyecto tuviera intención de recurrir esa sentencia ante instancia superior, debiera posponer toda acción referente al proyecto hasta no tener una nueva sentencia definitiva. Y si no va a hacerlo, ya esa sentencia desestimando la autorización es firme” asegura.
La formación morada denuncia que también “se ha intentado impedir la participación ciudadana y la del resto de Administraciones Públicas, al someter el proyecto a información pública en pleno mes de agosto para desalentar la presentación de alegaciones tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas concernidas, prácticamente paralizadas durante este mes”. En este sentido exige a instituciones implicadas, como el Cabildo de Tenerife, que se oponga firmemente a la introducción del gas en las Islas, tal como ha hecho recientemente el Cabildo de Gran Canaria de forma mayoritaria (a excepción del PP) y exige también que, en su caso, se realicen las consultas ciudadanas necesarias sobre esta propuesta.
Podemos solicita por todas estas razones que no se otorgue el reconocimiento de utilidad pública al proyecto de la regasificadora en Granadilla y no se ejecute esta obra innecesaria que no solucionará los problemas energéticos de la Isla y supondrá un grave impacto sobre el medio natural y las poblaciones locales.
Izquierda Unida Canaria-Los Verdes presenta alegaciones a la regasificadora de Granadilla
Izquierda Unida Canaria – Los Verdes ha presentado hoy, ante la Dependencia del Área de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, una batería de alegaciones contra el estudio de impacto ambiental y la instalación de una planta regasificadora en el Puerto Industrial de Granadilla. Dichas alegaciones están basadas en el trabajo previo de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, y vienen a incidir en una serie de aspectos que desde IUC se consideran muy preocupantes.
IUC-LV ha advertido que no se cumple la distancia mínima de 2.000 metros entre la futura instalación y las zonas habitadas más cercanas, lo que va en contra de la legislación y supone un peligro para los vecinos y vecinas. Asimismo, insisten en que existen deficiencias importantes en el estudio de seguridad, que no aporta datos ni información concreta de los efectos de los posibles accidentes de la planta regasificadora, algo esencial, ya que casi todos los años hay accidentes relacionados con el Gas Natural en el mundo.
De producirse un accidente grave, la forma que adoptaría la nube de gas incendiado sería la del típico hongo, y hasta seis kilómetros de la planta regasificadora los efectos serían devastadores para la población, con elevadísimos índices de mortalidad. Así, este riego existiría para las poblaciones de El Médano, San Isidro, Barranco del Rio, La Caleta, San Miguel de Tajao, La Jaca, Las Listadas y Chimiche. También se verían muy afectadas las poblaciones de El Río, Granadilla de Abona, Charco del Pino, La Tejita y La Mareta. En todas ellas, los índices de mortalidad serían muy elevados. Además las pérdidas económicas del sector turístico serían irrecuperables.
Por este motivo, que las consecuencias de un accidente grave en la planta se oculten o se minimicen en el proyecto presentado, afirmando que el área de impacto se reduce a 500 metros de la explosión, (cuando un cálculo realizado por el Ministerio de Trabajo afirma que la explosión de un depósito de Butano de 200 m3, tendría un diámetro de 273 metros y una altura de 204 metros) nos parece cuanto menos temerario.
Por otro lado, IUC-LV también advierte en sus alegaciones de la inviabilidad operativa del Puerto de Granadilla para las operaciones de navegación de los barcos con gas, debido a las condiciones climáticas de la zona. La zona donde se prevé la instalación de la planta Regasificadora es un lugar donde la fuerza del viento hace imposible la maniobrabilidad de buques de peso. Según el viento de la zona, y si se cumple la normativa de plantas similares ubicadas en la península, el puerto estaría operativo para los barcos metaneros un 31,08% de días al año en horario de día, y para el horario nocturno, solo podría autorizar la navegación un 17,04% de días del año.
En IUC-LV ignoramos los criterios de rentabilidad que tiene la empresa ENAGAS, pero que prácticamente de cada 10 días, 7 esté el puerto cerrado a la entrada, atraque y salida de los barcos que suministrarían el gas, nos ofrece serias dudas sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Otra cuestión sería que se pretendan obviar estas medidas de seguridad y que, por ende, la vida de un canario valga menos que la vida de un ciudadano de la península en cuanto a las medidas de seguridad se refiere.
Por último, IUC-LV también incide en las omisiones e informaciones erróneas que contiene el proyecto para justificar la introducción del gas, sin tener en cuenta las distintas alternativas existentes. El gas natural es una energía fósil más, y su implantación frenaría el desarrollo de las energías renovables. Es falso que el gas natural no produzca emisiones de CO2 a la atmósfera.
Sí se puede en Tenerife presenta alegaciones a la instalación de la regasificadora en Granadilla
Sí se puede en Tenerife ha presentado en el período de información pública correspondiente un conjunto de alegaciones al proyecto modificado de planta de regasificación presentado por la empresa GASCAN, S.L. en el que justifica que todo nuevo desarrollo de la capacidad de generación eléctrica en Tenerife debe basarse en energías renovables combinadas con sistemas hidroeléctricos reversibles para su almacenamiento y regulación.
José María Fernández-Palacios, portavoz de la formación ecosocialista, cree que entre los principales cuestionamientos a la utilidad pública y el interés general del proyecto se encuentran que el mismo descarta interesadamente las energías renovables y los sistemas que permitirían su aprovechamiento, así como los incumplimientos de los objetivos previstos en el PECAN para las energías alternativas. Sí se puede alega que se pretende implantar el gas natural, sin argumentos que lo justifiquen, porque “el consumo de gas natural no supone realmente disminución de los gases de efecto invernadero puesto que quemar gas natural en lugar de petróleo únicamente hace funcionar las centrales térmicas de forma algo más eficiente pero el problema principal persiste”.
Afirman que el proyecto de GASCAN solo obedece al régimen de monopolio que de facto ejerce con la multinacional ENDESA, “basando para ello sus previsiones de demanda energética en escenarios irreales”. Fernánde-Palacios considera que “para que GASCAN salga adelante hay que construir plantas regasificadoras en Granadilla y de Arinaga que venderán a la multinacional ENDESA el gas necesario para continuar el monopolio de la producción eléctrica. Y para abastecer de GNL a estas plantas se está construyendo el puerto industrial de Granadilla o hay que mantener el inútil puerto de Arinaga y casualmente las empresas concesionarias de las obras de construcción del puerto y algunos de los propietarios de los terrenos anexos, fueron consejeros y/o accionistas de GASCAN, con lo que se consigue la cuadratura del círculo energético en Canarias”.
La organización política insiste en que la regasificadora no responde al interés general de la ciudadanía de Tenerife sino que pretende favorecer el interés particular de Endesa, de Gascan y de determinados empresarios de esta Isla, sin considerar los enormes perjuicios estructurales que este proyecto generará a medio y largo plazo, condicionando el futuro energético de Canarias durante décadas.
El portavoz de Sí se puede, afirma que “importar gas natural licuado, un recurso fósil limitado como el petróleo, no resuelve la dependencia energética de la isla de Tenerife porque el precio del GNL se ha disparado en los últimos años y depender de su transporte por vía marítima nos lleva a competir por el suministro con los precios que los vaivenes del mercado mundial establezcan, lo que hará encarecer el precio de la energía en Canarias”.
La proyectada estación terrestre de regasificación de Gas Natural Licuado del polígono de Granadilla pone en gravísimo peligro la salud y la vida de la población de las inmediaciones, varios miles de habitantes repartidos entre diversos núcleos de población a distancias entre 0,5 y 6 Km. Los impactos que deben ser evaluados no se limitan a las industrias o infraestructuras previstas en Granadilla dado que esta regasificadora requerirá una tubería de transporte para acceder a la Zona Metropolitana, que atravesará numerosos núcleos de población y supondrá un alto riesgo al discurrir pegada a viviendas y espacios públicos, comprometiendo la seguridad de miles de personas. Es sobradamente conocida la historia de graves accidentes con pérdida de gran número de vidas humanas, causados en todo el mundo por la naturaleza altamente inflamable del gas metano, cuando entra en contacto con el aire.
El portavoz de Sí se puede enfatiza también que “la regasificadora supone un fuerte impacto sobre el medio marino que no se limitará al litoral de Granadilla, sino que la desaparición del hábitat esencial que son las praderas marinas o sebadales afectará a toda la fauna marina de la vertiente sur la Isla, tanto al delfín mular (Tursiops truncatus) como la tortuga caretta, que cuenta con una colonia muy importante en la zona comprendida entre Tajao y Montaña Roja”. Esta tortuga "boba" es una especie prioritaria de interés comunitario, incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de Canarias como "especie en peligro de extinción". También se verán afectadas las especies de interés pesquero, lo que será un golpe demoledor para la economía de las familias que encuentran su subsistencia en la actividad pesquera.
José María Fernández-Palacios también esgrime, entre otros argumentos jurídicos, que esta Planta de Regasificación de GNL contraviene el PIOT y que ya el Tribunal Supremo dictó sentencia en 2013 estimando el recurso de ATAN y declarando nulo el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur, un instrumento de planeamiento territorial esencial para el desarrollo de actuaciones en un ámbito que abarcaba 2510 hectáreas y en el que se encuentran los terrenos donde se solicita instalar la planta regasificadora.
Sí se puede defiende asimismo que no procede tramitar la solicitud en tanto se encuentre en tramitación las Directrices de Ordenación del Sector Energético en Canarias porque “resulta intolerable la pretensión de instalar una regasificadora sin que se haya culminado el proceso de elaboración del principal instrumento de planificación energética del archipiélago ya que condiciona una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Por tanto dado que este proyecto no puede intervenir en una decisión estratégica que compete a Canarias debe paralizarse, de manera inmediata, la tramitación de esta solicitud porque atenta contra el principio de soberanía y democracia energética de nuestras Islas.
Finalmente aseguran que el proyecto ha sido sometido a información pública en fechas intempestivas para desalentar las alegaciones y no se han promovido medidas para que tenga la máxima difusión entre el público lo que supone una vulneración de lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Evaluación Ambiental además del Convenio de Aarhus.