{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista
{mosimage}Auto judicial
{mosimage}Informe del Instituto Nacional de Toxicología
SB-Noticias.- Al procedimiento penal, abierto en el año 2006, por un presunto delito contra la salud pública y el medio ambiente, se suma ahora una nueva denuncia motivada por un presunto delito continuado de depósito ilegal de residuos, hechos que fueron denunciados por la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa en noviembre de 2014.
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Adjunto les mostramos tres documentos aportados por Ossinisa, que dicha organización considera esenciales para entender la pieza fundamental del caso “Vertederos de El Hierro”, en el que Samuel Acosta recuerda que llevan 10 años denunciando un atentado continuado contra el medio ambiente herreño.
El activista afirmó en su entrevista en La Trapera que Fernando Gutiérrez accede a los terrenos públicos en los que instala la chatarra por medio de un “Concurso Público Abierto”, en el que se presentan múltiples proyectos similares, el cual gana por “puntuación”, por garantías medioambientales, económicas y de viabilidad. Firma un contrato en el que se compromete a cumplir la ley (se adjunta copia firmada). Esto difiere de lo manifestado por el afectado, cuando afirma que fue por voluntad propia y por buscar una solución a los residuos que nadie daba.
El segundo documento es el “Auto de medidas Cautelares urgentes” de la Juez, que obliga el cierre de la chatarra, en su lectura se describe la carencia absoluta del respeto al medio ambiente por parte de Fernando Gutiérrez, asegura Acosta.
El tercero, es el Informe del Instituto Nacional toxicológico y Forense de Madrid, que acredita los vertidos de derivados del petróleo que hizo la explotación.
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Según la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa, la Fiscal Jefe, Carmen Almendral Parra, notificó recientemente la remisión al Juzgado de Valverde de la tercera denuncia contra el Cabildo de El Hierro por un delito ecológico, nuevamente, motivada por la actividad del Vertedero de la Dehesa.
Los ecologistas recuerdan que la instructora del caso unificó las diferentes denuncias de los vertederos incontrolados de La Dehesa, El Majano, La Cumbrecita y una chatarra clandestina situada en sus aledaños, en una causa común: la pésima y opaca gestión del Cabildo de El Hierro para con los residuos generados en la isla.
El Juzgado de Valverde ha dictado tres autos imponiendo medidas cautelares urgentes, como el precintado de las zonas de vertido que, en el caso de la Dehesa, se sitúan dentro de un enclave que reúne varias figuras de protección: Espacio Natural Protegido (ENP), Zona de Especial Conservación (ZEC), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). En el caso de La Cumbrecita y la chatarra próxima, se trata, a su vez, de un Suelo Rústico de Protección Paisajística.
Cabe destacar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) suma a este procedimiento cinco expedientes sancionadores de 60.000 euros cada uno, impuestos al Cabildo de El Hierro y la chatarra; el último, incoado en el año 2014 tras la denuncia de los ecologistas. Todos ellos han sido paralizados por la concurrencia con las actuaciones del Juzgado, al cual han sido remitidos para sumarlos al expediente de instrucción.
Para mayor gravedad, la Comisión Europea emitió en el año 2013 un dictamen solicitando el cierre inmediato del vertedero de la Dehesa, dándole un ultimátum al Estado Español en el año 2014. La pasividad de las autoridades ha llevado a Bruselas a anunciar en un comunicado público, el 16 de julio de 2015, que ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no acabar, entre otros, con los vertederos ilegales de El Hierro.
Según los ecologistas, tal como consta en la instrucción, el llamado Complejo Medioambiental de La Dehesa, dotado de una celda de vertido, fue construido por el Gobierno de Canarias en el Año 2003 de acuerdo al Plan Integral de Residuos de Canarias y fue cedido al Cabildo de El Hierro, quien debía solicitar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para que su gestión se ajustara a la ley; sin embargo, ésta nunca se solicitó. Según Ossinisa, “no solo llenaron la celda de vertido sin garantías medioambientales, sino que, cuando esta se fue llenando, paralelamente, quemaron y enterraron todo tipo de residuos dentro de una Zona Especial de Conservación”.
Tras la construcción de una segunda celda de vertido en el año 2012, se solicitó la AAI y esta fue aprobada por el Gobierno de Canarias; sin embargo, el Cabildo de El Hierro nunca vertió en ella y siguió enterrando los residuos directamente en el suelo sin ninguna garantía medioambiental. No sería hasta el año 2014, y tras la denuncia de Ossinisa, cuando dicha celda se empezara a utilizar.
Los ecologistas alertan de que, si las autoridades continúan con la pasividad ante la obligatoriedad del cumplimiento del dictamen de la UE, además de continuar causando importantes daños al medio ambiente insular, habrá sanciones que deberán pagarse con dinero que, inevitablemente se detraerá de otros gastos sociales más importantes, a los que tendremos que sumar la restauración de los vertederos.
Todo lo cual, deja claro, una vez más, la falta de compromiso por parte de las distintas corporaciones insulares que, en cambio, no han desaprovechado ninguna ocasión para hablar a la prensa de sostenibilidad y otros supuestos logros medioambientales, concluyen los ecologistas.