IUC denunció a Arteaga ante la Fiscalía

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{mosimage}SB-Noticias.- Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, presentó denuncia a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el pasado día 22, contra Dámaso Arteaga, concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña para que se investigue si las palabras vertidas por Arteaga ante un grupo de trabajadores del Ayuntamiento pudieran ser constitutivas de delitos de coacciones, acoso laboral, o ambos.

El texto de la denuncia se apoya en el documento, firmado con huellas dactilares por un grupo de trabajadores, en el que se da cuenta de cómo Arteaga exigió “lealtad política con sus decisiones” y afirmó que quien no estuviera de acuerdo debería pedir traslado a otro servicio. El concejal prohibió que saliera ningún documento sin que hubiera pasado primero por su control político. La reunión tuvo lugar el pasado día 18 de junio.

Arteaga también prohibió verbalmente que, en los expedientes referidos a contratistas y concesionarias, consten comunicaciones efectuadas por correo electrónico, pese a que esa vía es usada para comunicar incumplimientos de obligaciones por parte de las empresas y, asimismo, para acreditar que el funcionario ha cumplido con su deber. El concejal también prohibió que en los expedientes figuren “informes contradictorios”, algo que parece coartar el correcto ejercicio de las funciones públicas.

Desde IUC, se afirma que la conducta del concejal Dámaso Arteaga debiera conllevar su cese inmediato por su interferencia en la independencia partidista con que deben trabajar los empleados públicos.

 
IUC-LV Güímar denuncia la aplicación de la Ley Mordaza a un ciudadano del municipio

El miércoles 22 de Julio de 2015, el güimarero Eduardo Díaz Coello recibía en su domicilio la visita de dos agentes de la Policía Local con un acta de denuncia como presente.

El pasado 22 de julio, uno de los redactores de la página satírica "Franja de Guaza", recibía en su domicilio el acta de denuncia aplicando el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (comúnmente conocida como "Ley Mordaza") por mostrar públicamente en el perfil de la alcaldesa su desacuerdo y desencanto con el cuerpo de seguridad local.

Independientemente de la opinión recogida en esos comentarios, consideramos que dicha ley nos retrotrae a una época pasada, en la que la represión era la herramienta ideal para controlar a la ciudadanía. Defendemos la pluralidad y la diversidad de ideas, así como la libertad de expresión que tanta lucha generó en nuestro país. Es inverosímil que esta ley sea aplicada en plena Democracia y amparada por un grupo de gobierno que se considera democrático. Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a opinar libremente, y esta opinión debe ser respetada aún estando en desacuerdo, pues sólo así se consigue un mundo más justo.

Por tanto, creemos que este ciudadano no debe ser sancionado y que el consistorio debería replantearse su posición en torno al concepto de Democracia, pues podrían beneficiarse de estos nuevos espacios virtuales para acercarse al ciudadano y mejorar el municipio a través de las aportaciones de todos y todas en lugar de aplicar la represión y el miedo.

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