{mosimage}SB-Noticias.- Gustavo Matos explica que el Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que pide el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias para expresar su rechazo a la regulación contenida en la ‘ley mordaza’, así como a todas aquellas medidas que supongan un ataque a los derechos y libertades públicas de la ciudadanía o representen un retroceso en la calidad democrática. También pide al Gobierno de España que promueva su derogación.
El portavoz parlamentario de Justicia, Gustavo Matos, explica que esta propuesta ha sido registrada tras hacerse público el caso de un bloguero de Tenerife que ha sido multado con 600 euros tras colgar una serie de manifestaciones en redes sociales acerca de la Policía Local de su municipio, Güímar, convirtiéndose así Canarias en la primera comunidad autónoma donde se aplica esta ley. “La alcaldesa del municipio ha hecho uso de ese texto para sancionar a este ciudadano, de tal forma que estamos ante una ley aprobada sólo por el PP y aplicada sólo por el PP, como era previsible”, explica.
Para el parlamentario socialista, “se confirman todos los recelos que desde el PSOE hemos ido manifestando en relación a la perversión en la aplicación de la ley”. Confía en que esta proposición no de ley pueda ser debatida y aprobada en pleno cuanto antes y con el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara.
“ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA”
Matos recuerda que el pasado 1 de julio entró en vigor la llamada ‘ley mordaza’ que, entre otras cuestiones, trata de implantar un sistema disuasorio a efectos de que los ciudadanos se autolimiten en el disfrute de un derecho fundamental tan importante como es la libertad de expresión. Subraya que esta ley, sacada adelante con el apoyo únicamente del Partido Popular, “convierte a todos los ciudadanos sospechosos y atribuye a quien no debe la potestad de valorar dónde empiezan y terminan los límites de determinadas libertades públicas y derechos fundamentales”.
Para el diputado del PSOE, se trata de una ley “absolutamente innecesaria, puesto que esos límites ya están establecidos por quien democráticamente le corresponde: los tribunales de justicia, concretamente el Tribunal Constitucional”. Así, insiste en que el texto promovido y aprobado por el PP “traslada la potestad de decidir en primera instancia qué es susceptible o no de ser sancionado, lo que no deja de ser una aberración democrática”.
En este sentido, indica que ahora es la Policía el agente que decide si un ciudadano se ha extralimitado, “ya que se le otorga la potestad de determinar qué acción está o no dentro de la legalidad”. Añade que la norma “genera además gran inseguridad jurídica, porque la ciudadanía, desde este momento, no sabe a ciencia cierta qué conductas son susceptibles o no de ser multadas”.
Matos señala que al convertirse los ciudadanos en sospechosos, se genera en ellos cierto temor al ejercer determinadas libertades públicas. No obstante, remarca que los intentos de recorte de las libertades públicas y de democracia “siempre se combaten con más democracia” e insiste en la necesidad de que se dé un pronunciamiento de rechazo a esta ley “desde donde reside la máxima representación de la ciudadanía de Canarias, como ya se ha producido en otros parlamentos autonómicos”.
En boca del portavoz de los socialistas güimareros, Airam Puerta, "los recientes hechos ponen de manifiesto el carácter nefasto de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo (Ley Mordaza) que no solo no ha contado con el respaldo parlamentario de los grupos de la oposición, sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos, una ley que solo responde al miedo y la contestación social del Gobierno del PP". Precisamente una moción de rechazo a la citada ley, será una de las presentadas por el Grupo Socialista en el Pleno Ordinario del próximo jueves 30 de julio.
Asimismo, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Güímar recalcan que bajo la cuestión de la desproporcionada reacción a los comentarios vertidos en “La Franja de Guaza”, subyace el verdadero problema, que es el intercambio de emplazamiento de los Servicios Sociales y la Policía Local, permuta en la que los únicos perdedores serán los usuarios del área de Servicios Sociales del municipio.