Sin embargo, aclara, la alta temporalidad no permite afirmar que la mejoría es estructural, estando en un contexto de caida de población activa
{mosimage}SB-Noticias.- Respecto al trimestre anterior, el paro se disminuye (-7.000 personas), pero con una caída de la población activa de 4.200 personas, lo que hace que se incremente la ocupación en 2.800 personas. Es por ello que el debate sobre la presión poblacional pierde fuelle. No obstante, este dato hace que Canarias no sigua perdiendo estructura económica, aunque la que se genera tiene unas condiciones sociales que no proporciona cohesión económica y social.
Desde un punto de vista propositito, hay que establecer actuaciones que puedan corregir del déficit público en relación al acompasamiento con la estructura económica de cada región. Es por ello que hay que incrementar los recursos públicos para la inversión, junto a políticas que sostengan el poder adquisitivo de las familias con el objeto de fomentar el consumo así como una tributación con mayores dosis de progresividad fiscal con la finalidad de evitar un mayor deterioro que la cohesión económica y social. En este sentido, la política presupuestaria junto a la desburocratización a la hora generar actividad económica de las administraciones públicas debe erigirse como el principal instrumento a llevar a cabo. De igual modo, el potenciar los coeficientes de arrastres intersectoriales, de forma que sea el que muestra más dinamización desde la perspectiva del empleo e inversión el que potencie la cartera de pedidos del resto que actualmente no posee vitalidad alguna.
Para CCOO Canarias, es necesaria una política económica que reactive la demanda interna a través de un aumento de los salarios, dado que hay margen tras el fuerte ajuste realizado desde el lado de la oferta, fruto de la devaluación interna a la que se ha sometido a la clase trabajadora. Además, es imprescindible que la reforma tributaria contribuya a este objetivo, abaratando los bienes y servicios de primera necesidad y que consiga los recursos suficientes para poner en marcha un plan de choque por el empleo de calidad que, junto al establecimiento de una renta mínima garantizada, evite que el desempleo se convierta en estructural y que ofrezca una alternativa real y efectiva al desempleo. Hay que evitar continuar con el agravamiento en la solvencia de la demanda y su identificación en el retroceso de los derechos sociales. Es por ello que hay que proceder a la apertura de un proceso de negociación para centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social.