Felipe Campos: “La norma aprobada por CC y PSOE vulnera la constitución e infringe claramente la voluntad ciudadana”

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Habló así de la normativa aprobada por ambos partidos por la que se castiga a los expulsados de los partidos, a quienes se les amenaza con no cobrar por ningún concepto

{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista

SB-Noticias.- El abogado Felipe Campos ha animado en Radio San Borondón a los concejales y representantes electos de todas las islas a que hagan “una rebelión democrática en cascada” en contra de las órdenes de las cúpulas de sus partidos, que recuerden quiénes son y para qué están, y que se deben fundamentalmente a los ciudadanos y no a los intereses de partidos.

Felipe Campos ha hecho estas manifestaciones en relación con la normativa publicada en la prensa, aprobada por Coalición Canaria y PSOE, por la que se castiga a los concejales que sean expulsados de los partidos, a quienes se les amenaza con no cobrar por ningún concepto.

El abogado ha explicado que con esta normativa, aprobada el 1º de abril de 2015, el PSOE y Coalición Canaria, anticipando lo que podría pasar en las elecciones, pretenden dotarse de un instrumento jurídico que va mas allá de lo que supone la pertenencia a un partido, y  que puede, en su opinión, vulnerar la competencia estatal e incide clarísimamente en el contenido esencial del derecho fundamental que tienen los concejales y los ciudadanos.   

Según esta normativa, ha continuado Campos, cualquier expulsado pasa a ser no adscrito y,  como medida coactiva, se establece que no podrán cobrar nada bajo ningún concepto y ha añadido que le consta que los que están en el pacto están amenazando a todos los concejales y consejeros directamente con esta ley que, en su opinión, vulnera la constitución e infringe claramente la voluntad ciudadana,  “de que como no respeten la voluntad de las cúpulas de los partidos no cobrarán nada”. Esto es intolerable. No podemos convertir nuestra democracia en una partitocracia, ha enfatizado el abogado.

Para Campos esta normativa pone fin a la democracia representativa y a los derechos de los ciudadanos, ya que se obliga a los concejales a pactar, bajo amenaza de privarles de su salario, con las personas contra las que han hecho su campaña política y a contradecir así la voluntad que los ciudadanos han manifestado con sus votos. Campos está convencido de que en La Laguna Javier Abreu está siendo coaccionado  para que pacte con Coalición Canaria. Le están diciendo que podrá ser alcalde pactando con otras fuerzas pero que si lo hace no percibirá ningún tipo de salario.

Esta normativa, ha insistido Campos, impide que cualquier concejal pueda desempeñar su función, es una medida coactiva para imponer la decisión de las cúpulas, que muchas veces están relacionadas con empresarios, que controlan determinados partidos políticos para imponer su voluntad. Porque detrás de todo esto hay operaciones urbanísticas, hay empresarios, hay intereses concretos, hay corrupción generalizada y galopante que tiene a los municipios  y a los cabildos totalmente lastrados. Los que mandan, ha afirmado Campos, son los empresarios,  que mueven como títeres a estas cúpulas de los partidos. Esa es la realidad, la tristísima realidad, ha asegurado.

Felipe Campos considera que las elecciones municipales no sirven para nada e ironiza con que en lugar de hacer elecciones  quizás deberían sentarse los que constituyen las cúpulas de los grandes partidos y designar a los representantes que desearan, prescindiendo de la voluntad del ciudadano, cuando los ciudadanos y no las cúpulas de los partidos, son la verdadera esencia de la democracia representativa.

Recuerda Campos que ya en Tacoronte se suscitó esta cuestión y se les ha dado la razón concluyéndose que el partido no podía prohibir  una moción de censura,  ya que eso pertenece al núcleo esencial del concejal y, por tanto, al ciudadano. Y aunque Rodolfo León perdió la alcaldía se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ya que, según el TSJ, la aplicación de ese articulo puede ser inconstitucional.

Cree que los representantes electos deben seguir adelante, ponerse un sueldo y plantear una cuestión de inconstitucionalidad, y les anima a  que no  acepten estas amenazas sino que hagan lo que crean por conveniente teniendo presente que a quien se deben es a los ciudadanos.

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