La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y condena a dos ediles y a un arquitecto técnico
{mosimage}c7.- Por un delito continuado de prevaricación, Domingo González Arroyo, recién elegido alcalde de La Oliva y consejero del Cabildo por el PPMajo, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife también condena a dos ediles y un técnico.
La sentencia también condena a dos concejales a los mismos nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público y por el delito de prevaricación; #y al arquitecto técnico Jerónimo Soto (actual número 2 del PPMajo en el Cabildo) como cómplice responsable del delito de prevaricación a cuatro años de inhabilitación para cargo o empleo público. El juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, pero con sede en Puerto del Rosario, falla que los cuatro «han permitido durante años una explotación minera que ha causado un importante perjuicio al paisaje protegido de Fuerteventura, sin que se haya ofrecido la posibilidad de rehabilitación o restauración del daño causado».
Esta explotación minera es la cantera de recebe de Lomo del Pájaro, situada muy cerca de La Oliva, que la sentencia considera como probado que explotaba la mercantil Prelao, presidida por González Arroyo, durante más de 20 años contados hasta al menos el año 2001. La cantera está situada en Suelo de Protección Agraria, según las Normas Subsidiarias de La Oliva, lo que no permite este uso minero. También da por hecho que se explotaba sin licencia municipal «y sin ni siquiera hubiera sido solicitada», suministrando en exclusiva durante varios años al Ayuntamiento del norte que Domingo González presidió varias legislaturas «sin contrato, sin facturas, ni pedidos, etc». En el año 2000, Prelao intentó la legalización de la cantera mediante una modificación de las Normas Subsidiarias, pero en el 2002 la Cotmac la rechazó.
A pesar de todo, el Ayuntamiento intentó otra vía de legalización.
Ambito local no insular. El juicio se celebró escasos días antes de las elecciones autonómicas y locales del 24 de mayo. Según fuentes jurídicas consultadas, el fallo del Juzgado de lo Penal número 2 solo hace referencia a la inhabilitación para cargo público de los tres en el ámbito municipal y no en el insular.