Manuel Marrero Morales
{mosimage}Hace escasas horas nos hemos enterado del nombramiento de un nuevo Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que sustituye al denostado Wert, quien consiguió el inigualable récord del rechazo unánime de toda la comunidad educativa de los distintos niveles de la enseñanza y la novedosa convocatoria de varias huelgas protagonizadas por los padres y madres.
En toda la etapa democrática de este país, jamás la educación había sido tan maltratada por el Gobierno de turno: recortes, reválidas y retrocesos educativos que nos retrotraen a épocas anteriores a la LGE del año 70, en plena dictadura.
Las mareas verdes se han cohesionado en torno a plataformas reivindicativas en defensa del servicio público de la educación. El conjunto de sectores educativos nos hemos opuesto a este ataque furibundo al sistema público.
No estamos de acuerdo con la eliminación de todo vestigio de equidad e igualdad de oportunidades. Rechazamos el elitismo, la exclusión y las desigualdades. Nos oponemos a la exigencia de "puerta estrecha y sinuosa" que se plantea a las familias sin medios, que solicitan becas, y la manga ancha para las familias pudientes. No podemos admitir la implantación de altísimos precios públicos universitarios, contrarios a los de la mayoría de la UE, que impiden el acceso y la continuidad en la universidad de una parte importante del alumnado.
El 13 de junio de 2013 los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV, IU, ERC, CC, Compromís y Geroaban, junto con la CEAPA y los Sindicatos CC.OO, UGT y STEs firmaron un documento con "10 razones para rechazar la Ley Wert", que terminaba pidiendo su retirada y la "apertura de un proceso de negociación y diálogo real con el ministerio de Educación". Posteriormente varios gobiernos autonómicos plantearon recursos de inconstitucionalidad a dicha Ley. Finalmente, el pasado 24 de mayo se ha iniciado el cambio del mapa político autonómico y municipal. El voto ciudadano ha comenzado a desalojar al PP de una buena parte de las instituciones.
El nuevo Ministro, nombrado en el tiempo de prórroga de esta legislatura, tendrá la oportunidad de frenar tamaño desatino, pero mucho me temo que venga a darle la puntilla definitiva al sistema educativo aplicando el principio de "sostenella y no enmendalla" como ha venido siendo la voluntad del PP en el conjunto de sus políticas de reformas y recortes, a lo largo de toda la legislatura.
Ante esta situación, hay que tomar iniciativas por todos los sectores. Y debieran estar encaminadas a paralizar la aplicación de la LOMCE. Del gobierno del PP nada se puede esperar al respecto a estas alturas del partido. El cambio ministerial en los minutos finales de la legislatura es una vieja táctica para ganar tiempo y distraernos.
De todas formas, por si sonara la flauta por casualidad, es urgente la petición de todos los gobiernos autónomos contrarios a la LOMCE, de la celebración de una Conferencia Sectorial de Consejerias de Educación con el nuevo ministro y plantearle la exigencia de paralización de la LOMCE. Las razones abundan y los Gobiernos Autónomos se tienen que plantar con firmeza.
Por tanto, la iniciativa la tienen que tomar los gobiernos autónomos (12 de 17), compuestos por muchos de los partidos que firmaron el citado manifiesto. Ante la previsible negativa del nuevo ministro y del Gobierno del PP, hay que demostrar que el compromiso adquirido lo siguen defendiendo los partidos firmantes, reforzados además con la entrada de PODEMOS en las instituciones. Todos ellos tienen capacidad suficiente legal, y escaso tiempo previo al comienzo del próximo curso, para aprobar legislación, con carácter urgente y por el interés general.
"Paralicen la LOMCE, por favor".