En ambas islas existe una gran indignación por un decretazo que pone en serio riesgo la economía insular
{mosimage}SB-Noticias.- La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional explica en una nota de prensa que el pasado jueves en Fuerteventura, y al día siguiente en Lanzarote, se celebraron sendas reuniones con nuestros socios en las que también fueron invitadas varias asociaciones empresariales, urbanistas, abogados, políticos e instituciones de cada isla respectivamente para discutir la reciente publicación del decreto de la Vivienda Vacacional.
Los miembros de Ascav pusieron en evidencia las discrepancias de interpretación que existen entre los técnicos de los Cabildos con los de los Ayuntamientos a la hora de determinar si una vivienda concreta puede acogerse o no. Así lo confirmaron al mismo tiempo los testimonios de los propios afectados que acudiendo a estas instituciones obtuvieron soluciones e indicaciones absolutamente dispares. Una inseguridad administrativa y jurídica absoluta.
Pero la indignación del aforo era mayúscula por haber visto cómo nuestro Gobierno (Nacionalista y Socialista para más inri) ha sido capaz de prohibir la práctica totalidad de la Vivienda Vacacional de las zonas turísticas sin despeinarse, eliminando por decreto el derecho legítimo que tiene cualquier persona a participar del turismo para que sea monopolizada por hoteleros y extra-hoteleros. Eso es lo que les ha pasado a miles de propietarios que, alquilando sus viviendas, consiguieron atraer con enorme éxito y esfuerzo a un turista que había revitalizado numerosas zonas turísticas y emblemáticas (Playa Blanca, Puerto del Carmen, Corralejo, Caleta Fuste, y muchas más…) llenas de complejos hoteleros con un tipo de turista muy diferente que no repercute ni por asomo el mismo nivel de gasto sobre la economía local como lo hace el de la Vivienda Vacacional.
Como siempre hemos dicho desde el primer momento, la Vivienda Vacacional no puede regularse bajo criterios de planteamientos cambiantes de ordenación o uso territorial. Si ésta es elegida por tantos turistas es precisamente por su carácter de ser una “vivienda” como la que puede tener cualquier persona en cualquier parte, nada más. Ese y no otro, es el denominador común que debe usar el Gobierno para regular su alquiler cuando sea con fines vacacionales. Lo otro es desconocer la realidad y caer en un remolino de interpretaciones del que nunca se sale imposibilitando cualquier solución lógica, como así ha ocurrido.
La exclusión de la Vivienda Vacacional fuera de estas zonas turísticas fue deliberadamente orquestada en el último momento y ocultada a la opinión pública en vísperas de las Elecciones, algo en lo que el lobby hotelero tuvo mucho que ver (véase las últimas declaraciones del portavoz del Gobierno, que no tienen desperdicio), como así coincidieron varios de los presentes. Claudina Morales (CC), hasta hace poco alcaldesa de La Oliva, no se ocultó y muy molesta confesó sentirse “profundamente engañada”. Iñaki Lavandera, Parlamentario del PSOE, dijo que este decreto era “inadmisible y un pésimo ejercicio en regular una realidad que no ha sido contemplada”. Águeda Montelongo (PP), manifestó “que este Gobierno no ha hecho más que hacer lo de siempre: incumplir sus promesas incluso a su propio electorado, por lo que no cabe el asombro”. En Lanzarote, Benjamín Perdomo (Ciudadanos) y Carlos Meca (Podemos) brindaron su apoyo a través de las representaciones que han obtenido y ofrecieron sus redes para difundir “la justa reivindicación” que según ellos plantea la Asociación Ascav.
Al mismo tiempo se trataron las varias medidas en las que se está trabajando a nivel social, como la recogida de firmas a través de Change.org, pegada de carteles, implicación de las empresas locales, así como la respuesta legal ante los tribunales y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), pasando claro está por el compromiso de los partidos y políticos que tendrán capacidad de gobierno en la próxima legislatura.