{mosimage}SB-Noticias.- Lejos de haberse alcanzado soluciones a las graves deficiencias ancestrales que vienen padeciéndose desde su implantación en la nueva versión del sistema informático de gestión procesal de la Administración de Justicia (el funestamente conocido como “Atlante II” 3.6), y que IC ha venido denunciando reincidentemente, el operativo que la Administración Autonómica quiere vender como el invento del siglo, ya no sólo ralentiza, sino que tiene totalmente paralizada a la Administración de Justicia en Canarias.
Ante una situación que se les ha ido de las manos, la ocurrencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha sido remitir cartitas insulsas al colectivo de funcionarios, que en un tono más próximo al lenguaje de una solicitud de caridad eclesiástica que al que debe exigírsele en asuntos como éste a unos gestores públicos que tienen unas obligaciones y una responsabilidades cuyo destinatario es la ciudadanía canaria, vienen a recomendarles a los funcionarios poco menos que trabajen a mano para que cuando ellos den con la solución del problema, lo pasen al sistema informático de gestión. Es decir: que seamos una vez más los que saquemos las castañas del fuego frente a un problema insostenible de cuyo desastre no tenemos ninguna culpa.
A la par de que es legalmente cuestionable que puedan obligar a los funcionarios/as a trabajar dos veces sobre el mismo tema, resulta curiosísimo que cuando una vez más los gestores políticos se encuentran con el agua al cuello, se acuerden de los trabajadores/as para que corramos al rescate de los que han querido ahogarse solos, porque en la gestación de “Atlante II VERSIÓN 3.6” han participado todos –Administración y jerarquía judicial y secretarial- menos los representantes del colectivo funcionarial, que son los principales usuarios del mismo, realidad que viene a reincidir y a demostrar de nuevo que en la Administración de Justicia en Canarias se vive un auténtico sistema de castas.
Ante este nuevo atropello, que por desgracia ya se eleva a la categoría de costumbre, desde IC queremos trasladar a la opinión pública y a la ciudadanía afectada nuestra preocupación por esta lamentable situación que en primera y última instancia sólo tiene como víctimas a la ciudadanía de nuestra tierra, ya bastante vilipendiada por la ineptitud y la soberbia de quienes dicen gobernarnos y que demuestran que la nueva version del ATLANTE VERSIÓN 3.6 un sistema informático inoperante y donde no se tiene en cuenta la participación de los funcionarios y funcionarias de justicia de Canarias. El resto de la gente –la mayoría- a sufrir las consecuencias de tantos disparates.
A la par de que es legalmente cuestionable que puedan obligar a los funcionarios/as a trabajar dos veces sobre el mismo tema, resulta curiosísimo que cuando una vez más los gestores políticos se encuentran con el agua al cuello, se acuerden de los trabajadores/as para que corramos al rescate de los que han querido ahogarse solos, porque en la gestación de “Atlante II VERSIÓN 3.6” han participado todos –Administración y jerarquía judicial y secretarial- menos los representantes del colectivo funcionarial, que son los principales usuarios del mismo, realidad que viene a reincidir y a demostrar de nuevo que en la Administración de Justicia en Canarias se vive un auténtico sistema de castas.
Ante este nuevo atropello, que por desgracia ya se eleva a la categoría de costumbre, desde IC queremos trasladar a la opinión pública y a la ciudadanía afectada nuestra preocupación por esta lamentable situación que en primera y última instancia sólo tiene como víctimas a la ciudadanía de nuestra tierra, ya bastante vilipendiada por la ineptitud y la soberbia de quienes dicen gobernarnos y que demuestran que la nueva version del ATLANTE VERSIÓN 3.6 un sistema informático inoperante y donde no se tiene en cuenta la participación de los funcionarios y funcionarias de justicia de Canarias. El resto de la gente –la mayoría- a sufrir las consecuencias de tantos disparates.