Antonio Morales. Alcalde de Agüimes
{mosimage}La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación no constituyen un fenómeno aislado y misterioso, ni son una propiedad particular, sino la columna que ha vertebrado el espectacular avance que la humanidad ha experimentado en los últimos siglos en parcelas que afectan al bienestar humano.
En los últimos años no ha dejado de bajar en España la inversión en I+D+I, mientras en Europa no ha dejado de aumentar, tras un primer ejercicio a la baja como consecuencia de la crisis económica. Y si con vergüenza constatamos que España está a la cola de Europa, qué podemos sentir sabiendo que Canarias está a la cola de todas las comunidades autónomas, con una inversión de apenas un 0,5% de su PIB, y que, para mayor gloria, Gran Canaria está a la cola de la cola por ser la que menos recursos destina a la investigación en el Archipiélago, menos de la mitad de la media regional.
Así, no es de extrañar que en el año 2013 las Islas perdieran un 8% de sus investigadores, nada menos que 300 profesionales y que, por si no fuera suficiente, el Gobierno canario redujo en un 75% los recursos destinados al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
Pero no es ese el único problema. También hay que añadir la escasa vinculación de esa inversión a áreas que podrían contribuir a la creación de tejido productivo. Un vistazo a los datos del sector revela que el 40% del gasto público canario en investigación se ha concentrado en el último quinquenio en la astrofísica, mientras áreas de tanta trascendencia como la salud o la energía -en la que el ITC es referencia internacional-, apenas han copado el 16 y el 0,25 %, respectivamente. En definitiva, existe una fuerte concentración de la inversión en áreas que difícilmente pueden contribuir al tejido productivo de las Islas.
Por otra parte, casi la mitad de la inversión pública canaria se destina a investigación básica (cuyo objetivo es generar conocimiento) y no más del 30% a la investigación aplicada (la que busca la aplicación de los conocimientos adquiridos por la investigación básica), cuando debería existir un equilibrio entre ambas porque se retroalimentan. Según datos de 2011, la básica en España solo representa el 22% y la aplicada más del 42%. Lamentablemente, en las Islas los ratios se alejan sistemáticamente de la investigación orientada al desarrollo económico del Archipiélago.
Otra de las características de la I+D+I en las Islas es que más del 80% de los trabajadores pertenecen al sector público, mientras la media española no llega al 60%, de manera que solo cuatro de cada diez trabajadores son del sector privado, más del doble que en Canarias, y eso que los trabajadores del ITC aparecían vinculados al sector empresarial. Es obvia la escasa participación del sector privado en la investigación en Canarias.
En muchas ocasiones he hablado de la necesidad de diversificar la economía, de aprovechar los recursos para no depender de un solo sector. Pues bien, es precisamente la inversión en I+D+I la que puede contribuir a la tan ansiada diversificación económica de nuestra tierra, en la que la falta de voluntad política ha dejado muchas iniciativas en la cuneta. Y por si la falta de recursos fuera poco obstáculo, está por añadidura el enmarañado panorama de competencias para acceder a las convocatorias de programas europeos.
Y lo más asombroso, o quizás no tanto, es la comprobación, con una simple ojeada a la tabla de inversiones en este campo de las distintas comunidades autónomas y sus tasas de desempleo, de la existencia de una clara relación entre inversión y empleo. A mayor inversión, menos desempleo. Los gobiernos siguen yendo en contra de lo que propugnan en campaña: si a todos les preocupa el paro, y está comprobado que la I+D+I favorece el empleo, no resulta ni lógico ni aceptable que no se potencie.
También están directamente relacionadas la inversión en ciencia y la riqueza de los países, se trate tanto de gasto público como de gasto empresarial. Lo ponen de relieve estudios como el de Harrison o el Informe del Panel de Innovación Tecnológica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que determina que las empresas con más inversión en ciencia son las que menos empleos destruyen y que son los trabajos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación los menos afectados por la destrucción de puestos de trabajo.
Las recomendaciones de la Comisión Europea para España son claras: debe incrementar la calidad de su producción científica y fomentar la cooperación entre el sector público y privado. Difícil lo tenemos si seguimos exportando investigadores a precio de saldo. Sigo sin saber a qué estamos esperando en Canarias para ponernos manos a la obra.
La promoción de una nueva economía de base tecnológica debe comenzar por identificar aquellos sectores de desarrollo estratégico que tienen un alto potencial de generar tejido productivo a medio plazo, aquellos otros sectores emergentes con muy bajo desarrollo empresarial previo, así como las áreas tecnológicas en el sistema público de I+D+i con un alto nivel de desarrollo local para, acto seguido, financiar proyectos concretos hasta su escala industrial y productiva con un claro objetivo de viabilidad económica.
Tras ello se debe llegar a la fase comercial de los proyectos, sus licencias industriales y de explotación y la comercialización efectiva de los productos.
Es necesario priorizar los proyectos que demuestren viabilidad económica a través del imperativo de desarrollo empresarial efectivo, desde la generación del producto y la apertura de mercados, a la comercialización y autofinanciación en su fase final y la obtención de beneficios.
Finalmente, se procederá a la transferencia al tejido empresarial privado de la actividad industrial plenamente desarrollada y con generación de beneficios como estrategia para la diversificación económica y la captación de financiación privada para el sistema público de I+D+I.
El objetivo de este modelo de transferencia tecnológica es capitalizar la fuerte inversión pública realizada y captar financiación privada gracias a la garantía del “llave en mano”, es decir, garantizando la entrega de tecnología desarrollada y en funcionamiento a nivel industrial y comercial. Asimismo, persigue eliminar la brecha entre investigación pública y privada, convertir el gasto en inversión productiva de forma inmediata, movilizar los recursos, favorecer la cultura del emprendimiento también en el sector público y superar la cultura empresarial del monocultivo.
También pretende superar la fase de desarrollo embrionario de sectores productivos emergentes, sobre todo los de elevado riesgo tecnológico y comercial no fácilmente asumible por el capital privado, pero con un gran potencial de desarrollo e impacto en la transformación del modelo productivo. Finalmente, habría que vincular las políticas de I+D+I a las políticas activas de empleo y primar la generación de tejido productivo estructural para lograr así el objetivo, totalmente viable, de un nuevo modelo económico de base tecnológica.
El Cabildo y su Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias, deben convertirse en el eje vertebrador de un nuevo modelo de desarrollo económico para esta isla ligado a la biotecnología azul (micro algas, moléculas con capacidad terapéutica o cosmética, nuevas fuentes de energía no contaminantes, biomateriales…), las energías renovables, el turismo, el sector primario, la sanidad, la alimentación, el agua, la transferencia a países menos desarrollados, la sociedad de la información…
Caminando juntos hacia el mismo objetivo, uniendo esfuerzos y voluntades será posible superar el desafío.