“Por la vía de la contratación de las corporaciones locales salvando los controles de legalidad se abre la puerta a una corrupción de baja intensidad que con el tiempo ha derivado en corrupción de alto voltaje”
{mosimage}SB-Noticias.– Santiago Pérez, candidato de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) a la Alcaldía de La Laguna, señala que existe un problema con las entidades locales y el control de la legalidad: “Los ocho mil ayuntamientos de España están tomando acuerdos de contenido económico todos los días, acuerdos que se cumplen, desoyendo el único control de legalidad, que es el informe de la Intervención General del Ayuntamiento”.
“Me consta”, añade Santiago Pérez, “que en otras administraciones locales donde los alcaldes se eternizan es también frecuente este tipo de prácticas, de mala gestión del dinero público, que suele acabar derivando en que determinadas empresas se benefician de la misma”. Y así, por la vía de la contratación de las corporaciones locales salvando los controles de legalidad y sin respetar la Ley de Haciendas Locales y la legislación de contratos del sector público, se abre la puerta a una corrupción de baja intensidad que con el tiempo ha ido derivando en corrupción de alto voltaje, explicó el candidato.
Por este motivo, Santiago Pérez –que además de liderar la candidatura al Ayuntamiento de La Laguna será el cabeza de la lista de XTF-NC al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife en las elecciones autonómicas previstas para el próximo 24 de mayo– ha redactado un compromiso de Decálogo para la buena administración del dinero de los contribuyentes laguneros y laguneras, que va en la línea de evitar en lo posible una gestión pública que tenga espacios oscuros en los que puedan crecer las corruptelas:
1. Dedicar cada euro disponible a la lucha contra el hambre y la pobreza.
2. Incrementar la inversión municipal, muy por debajo de la media de los municipios canarios durante esta legislatura, para reactivar la economía.
3. Reducir impuestos en La Laguna, equiparándolos a la media de los municipios canarios.
4. Cumplir de inmediato la exigencia legal de aprobar un Plan de Subvenciones, definiendo objetivos y acabando con el amiguismo.
5. Respetar los Informes de Intervención en todos los acuerdos de contenido económico.
6. Acabar con las contrataciones al margen del Presupuesto y de la Ley de Contratos del Sector Público, excepto en situaciones de emergencia o de perentoria necesidad social.
7. Terminar con la práctica fraudulenta de los “reconocimientos extrajudiciales de crédito” para pagar las contrataciones ilegales.
8. Reducir a la tercera parte los 3 millones anuales que cuesta el gobierno Municipal y el millón y medio en publicidad y propaganda.
9. Garantizar que los precios del agua corresponden estrictamente al coste del servicio.
10. Recuperar el valor del Presupuesto como norma que fija la cuantía y finalidad del gasto público. Lo que aprueba el Pleno, en nombre de los ciudadanos, no lo puede cambiar el Gobierno.
Estos compromisos pueden leerse desde el principio o empezando por el final porque todos son igual de importantes.