Hay suficientes pruebas, incluido el visto bueno del interventor, de que sí realizó las tareas por las que cobró
{mosimage}SB-Noticias.– Pedro Fernández Arcila, abogado, militante de Sí se puede y actualmente concejal de esa organización en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, anunció hoy que se querellará contra todo aquel que haya afirmado que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona no tiene informe alguno realizado por el propio Arcila.
Sobre su trabajo como asesor externo del Ayuntamiento de Granadilla durante cuatro meses en el anterior mandato municipal, Arcila explicó hoy que su labor consistió en tareas de asesoramiento legal a responsables políticos municipales durante los primeros meses de mandato del tripartito, motivo por el cual se trasladaba varios días a la semana a las dependencias municipales durante el tiempo que duró su colaboración. Además, elaboró informes relacionados con el Plan de Residuos Sólidos, el Plan Parcial Las Tabaibas y el puerto de Granadilla, entre otros.
Todos estos informes fueron entregados de manera física a las personas que los encargaron. En relación con la noticia publicada ayer, Arcila se mostró sorprendido de que se diga que los informes “no se encuentran en el área de Contratación Municipal ‘ni se han podido localizar en el resto de áreas municipales’ ”. Al respecto, indicó que habría que pedirles a los funcionarios que hablan en términos tan vagos que no se presten a una colaboración maliciosa, o al menos sospechosa, con el grupo de gobierno actual, al tiempo que les sugirió que se dirijan a la Intervención del Ayuntamiento, que no podría haber aprobado la factura por estos servicios si no hubieran existido.
Arcila sospecha que detrás de esta falsa información se esconde la intención del PSC-PSOE de dañar la imagen de Sí se puede, pues el alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y otros miembros de esa organización política están imputados por un presunto delito de prevaricación en relación con una denuncia presentada por Sí se puede y que fue ampliada en el Juzgado tras los informes elaborados por Arcila.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció hoy que el alcalde, José Manuel Bermúdez, va a pagar a la empresa concesionaria del servicio municipal de cementerios, Cetensa, una cantidad superior a los 600.000 euros en concepto de tasas de mantenimiento de los camposantos, pese a que esa entidad no debe cobrar por tal concepto.
Este abono es consecuencia de la orden dada el pasado mes de octubre por el alcalde de paralización del cobro de esta tasa a los usuarios, algo que, según Arcila, carece de todo sentido, pues “lo que se les quitaba antes a los chicharreros de manera directa se les quita ahora detrayendo una cantidad escandalosa de las arcas públicas, que también pertenecen a los chicharreros”, afirmó Arcila.
En realidad, Cetensa no tiene ningún derecho a cobrarle al Consistorio esta cantidad, pues un informe del Ayuntamiento señala que esta empresa, como adjudicataria del servicio de cementerios, tiene que mantener el equilibrio financiero sin establecer el citado gravamen. Sin embargo, el grupo de gobierno ignoró durante años el criterio de los técnicos municipales y además sostuvo hasta el pasado mes de octubre que el cobro a los ciudadanos era correcto, en una defensa de la empresa Cetensa que a Sí se puede le resulta cuando menos chocante.
Asimismo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el cobro de esta tasa por parte de la empresa Canaricem en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en un escenario legal y contractual que es idéntico al del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su relación con Cetensa.
Según Arcila, para poner fin a todas las irregularidades en torno al servicio municipal de cementerios es imprescindible que el Ayuntamiento proceda de manera inmediata a encargar la auditoría exigida por Sí se puede y aprobada por el Pleno en junio de 2013.
