El Gobierno de CC-PSOE ejecuta una sanción contra Radio San Borondón que estaba suspendida por el TSJC
La institución cultural solicitará el desbloqueo inmediato del embargo
{mosimage}SB-Noticias.- Este lunes se ha producido un capítulo más del particular vía crucis del Gobierno Canario contra el Centro de la Cultura Popular Canaria y Radio San Borondón. No se le ha hecho tarde al Gobierno de Canarias -en su desesperación por acabar con este medio- para ejecutar la sanción de los cien mil un euros, en plenas vacaciones de Semana Santa, fruto de la persecución política a la que ha venido sometiendo al Centro de la Cultura y a Radio San Borondón desde hace años.
El CCPC presentó en tiempo y forma, en la Sala de lo Contencioso del TSJC, un escrito solicitando 4 meses de aplazamiento con el fin de recaudar el importe total de la sanción y al mismo tiempo hizo entrega de las escrituras del inmueble donde tiene su sede en La Laguna.
Antes de que el TSJC se haya pronunciado judicialmente, levantando la suspensión de la ejecución de la multa (que por lo tanto aún está suspendida) el Gobierno de Canarias se ha apresurado a ejecutar la sanción embargando a primera hora de este lunes todas las cuentas del Centro de la Cultura Popular Canaria. Y lo que es peor, con una serie de recargos que la elevan a 122.476,05 euros.
Hace varias semanas el CCPC ha puesto en marcha una campaña de apoyo y denuncia contra esta sanción, así como de recaudación popular para tratar de conseguir todo o parte del importe de la sanción, así como firmas de apoyo a través de la plataforma de Internet Change.org y también manuscritas, habiendo conseguido en dos semanas unas 5.000 firmas y 4.000 euros.
Es público y notorio que esta sanción supondrá la desaparición de Radio San Borondón y el Centro de la Cultura Popular Canaria, una institución cultural con reconocido prestigio y más de 38 años de trayectoria.
De inmediato el CCPC presentará un recurso de nulidad y no descarta ejercer acciones judiciales contra el Gobierno por esta actitud de ataque y derribo, claramente ilegal.
Esa sanción impuesta a Radio San Borondón, es un atentado contra la libertad de prensa. Es un ataque del Gobierno de Canarias contra la libertad de expresión y el derecho a la información, derechos fundamentales que deben ser interpretados, en su ejercicio, de la forma más favorable para su eficacia.
El Gobierno de Canarias sacó a concurso público y adjudicó 155 frecuencias de radio en el año 2011, de las cuales sólo 12 empresas acumularon 123 de ellas, hecho que desencadenó una avalancha de reacciones de rechazo tanto ciudadano como a nivel judicial, siendo impugnado judicialmente y estando en la actualidad pendiente de sentencia. Se han denunciado múltiples irregularidades, incluso, la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luisa Machado, imputó a los 5 miembros de la Mesa de Evaluación por presunto delito de tráfico de influencias, después de admitir a trámite la solicitud de la fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés
Es, como mínimo, escandaloso que en el reparto de dichas frecuencias saliesen agraciados principalmente dos conocidos empresarios de la construcción. Uno de ellos de Gran Canaria que recibió 32 de las 35 frecuencias que solicitó y el otro, Presidente del Club Deportivo Tenerife y amigo personal del presidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero, que obtuvo 27 frecuencias de las 27 solicitadas, y por último una radiofórmula estatal, Kiss FM, que se llevó 22 frecuencias en toda Canarias, una emisora que no estaba instalada en las Islas y aun así recibió un gran número de licencias.
Otro aspecto denunciable que ha sido vox populi en las islas, es el “chanchulleo” que han promovido algunos de estos adjudicatarios que, de modo ilegal, han hecho negocio alquilando o vendiendo frecuencias, desvirtuando un concurso público en el que las empresas debían concurrir en igualdad de condiciones y viéndose doblemente beneficiados, no sólo por el número de frecuencias que han recibido, sino por los importantes beneficios que pueden haber ingresado por el alquiler de las mismas sin ninguna intervención, que se sepa, por parte del Gobierno de Canarias para investigar tales desmanes.
Radio San Borondón, al igual que la mayoría de emisoras de radio que no obtuvieron licencia, ha seguido emitiendo, sin ocupar en el espacio radioeléctrico aquellas frecuencias que salieron a concurso, sin molestar a otras emisoras de radio y sin haber sido denunciada en ningún momento por ello.
A pesar de todo, el Gobierno de Canarias en octubre de 2013 abrió expediente sancionador a Radio San Borondón y a otras cuatro pequeñas emisoras de radio, sin haber justificado hasta el momento actual cuál es el criterio objetivo por el que seleccionó a Radio San Borondón y cuatro más, permitiendo al más de un centenar de emisoras restantes que sigan emitiendo libremente.
El Gobierno de Canarias no ha dado en ningún momento fundadas y convincentes explicaciones, cuando así se le ha requerido, sobre la objetividad y la aplicación del principio de igualdad en su voluntad sancionadora contra Radio San Borondón.
A pesar de que Radio San Borondón ha recurrido dicho expediente sancionador, el Gobierno de Canarias (sustentado por Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español) no ha querido atender a nuestros argumentados recursos, no explica el criterio por el que elige prácticamente a radio San Borondón de entre todos los demás, manteniendo la sanción de 100.001 € y la orden de cese de las emisiones, así como el precinto de los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisión en Las Palmas de Gran Canaria, frecuencia 98.2.
A todo esto hay que sumar el nulo papel del Parlamento de Canarias, donde todos los portavoces de los distintos grupos: CC, PSOE, PP y MIXTO, solicitaron al Gobierno de Canarias que parase el expediente abierto a Radio San Borondón. Todos los grupos parlamentarios le reclamaron que paralizara las inspecciones y las sanciones a las emisoras radiofónicas que emiten de forma alegal, hasta que se resolvieran los pleitos sobre la adjudicación de las 155 emisoras, que incluyen procesos contencioso administrativos y penales.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, puso en duda incluso, la imparcialidad del concurso, al formar parte de la mesa de adjudicación "cualificados dirigentes" de Coalición Canaria. También puso en duda que las inspecciones se decidan de forma aleatoria y que entre cientos de emisoras se promueva una sanción precisamente contra "un medio pequeño y crítico" con el Gobierno de Canarias, en referencia a Radio San Borondón.
Asimismo, dicho portavoz parlamentario planteó una serie de preguntas al Gobierno de Canarias, que fueron respondidas con una ambigüedad tal, que ponen en evidencia la falta de transparencia y de argumentos del Gobierno.
En estos momentos Radio San Borondón ha presentado demanda judicial, que llevará a las más altas instancias, convencida de que la razón está de su parte.
Pero como es sabido, la justicia es muy lenta y la sentencia tardará años en llegar. Mientras tanto, Radio San Borondón a pesar de haber presentado en tiempo y forma un aval por los 100.001 euros ha visto como el Gobierno Canario ha ejecutado la sanción, lo que supondrá si la presión social no lo impide, el cierre definitivo de Radio San Borondón y del Centro de la Cultura Popular Canaria.