Daniel Fernández
{mosimage}El Gobierno de Mariano Rajoy ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar una nueva ley de Seguridad Ciudadana que criminaliza de manera contundente la protesta ciudadana.. Esta ley es otra de las medidas legales represivas del gobierno de Rajoy. La criminalización de la protesta social choca con todas las libertades de expresión y derechos de manifestación que supuestamente están recogidas en la constitución y en un estado de derecho y, por ende, democrático.
Estos son algunos puntos de la ley Mordaza
Se te podrá limitar que circules o permanezcas en un determinado lugar de la vía pública porque los policías consideren que “existen indicios racionales de que se pueda alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia“. Esto les da un margen de interpretación tan amplio que se va a traducir en restricciones arbitrarias.
La #LeyMordaza permitiría considerar convocantes de manifestaciones no comunicadas a quienes determinen que las dirigen o inspiran, en otras palabras podrán acusar a quien les de la gana.
#LeyMordaza considerará infracción muy grave (multa de 30.001 a 600.000 euros) las reuniones no comunicadas celebradas en “infraestructuras críticas” o en sus inmediaciones cuando exista riesgo para las personas o afecten a su funcionamiento normal”.
Infracción grave: perturbación grave (multa de 601 euros a 30.000 euros) de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esta infracción se produce tanto si las cámaras están reunidas como si no lo están.
Se utiliza “reunión a la que acudan numerosas personas” sin definir a partir de qué número se considera esto.
Sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación: será una infracción grave con multa de 601 a 30.000 euros. Lo que se incluye es una coletilla que dice, “sin menoscabo del derecho fundamental a la información”. Otro asunto que generará arbitrariedad.
Llevar puesto un gorro o una bufanda en invierno estará prohibido, otorgándose, además, a los agentes, un poder ilimitado para castigar a alguien de forma arbitraria al ser ellos los que deciden, no sólo si lo que llevas puesto dificulta tu identificación, sino si llevas, por ejemplo, una capucha aunque no la lleves en la cabeza.