Además, el Gobierno adjudicó las licencias de los canales de la Televisión Digital Terrestre
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
Europapress.- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite la solicitud del Gobierno de Canarias de suspensión cautelar de la privatización de Aena, según recoge una providencia hecha pública este jueves por el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero. El Supremo también ha admitido la ampliación del recurso del Ejecutivo contra los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la venta.
Así, aparte del frente abierto en el Tribunal Supremo, Marrero ha destacado que en la Audiencia Nacional se dirime la no convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, pedida en julio de 2014 para que se entregue la gestión de los aeropuertos canarios tras la venta de Aena y en virtud de lo que recoge el Estatuto de Autonomía.
Marrero ha insistido en que no hay una "explicación razonable" para la privatización del ente público cuando da beneficios, ha criticado que se prioricen "intereses particulares" y ha señalado que esta decisión deja a Canarias "más lejos" de España.
ENAIRE, matriz de Aena y agente privatizador, señaló el pasado 10 de febrero que las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Canarias en la ampliación de recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo de Paulino Rivero, "carecen de fundamento y de posibilidad de estimación".
El Gobierno de Canarias presentó un escrito de ampliación del recurso interpuesto el pasado 11 de julio, apelando al art. 33.13 del Estado de Autonomía de Canarias, que atribuye la comunidad autónoma canaria las competencias ejecutivas sobre los ocho aeropuertos canarios en caso de que el Estado renuncie a la gestión directa de los aeropuertos.
En la ampliación de dicho recurso, solicita como medidas cautelares la exclusión de los aeropuertos de interés general situados en Canarias del inmovilizado patrimonial que integra el patrimonio de Aena y la incorporación de la información relativa a la interposición del recurso en el folleto de la OPV.
Según recoge el folleto de la propia OPV, en caso de prosperar dicha reclamación tendría como resultado el traspaso a la comunidad canaria de dichas competencias, que se traducen en la posibilidad de dictar reglamentos para la regulación para su propia competencia funcional, en materia de asistencia de tierra a aeronaves y viajeros y de explotación de la superficie de los aeropuertos.
No obstante, Aena indica que en ningún caso afectaría a la titularidad ni a la gestión por parte del gestor aeroportuario, que sacará mañana al mercado hasta el 28% de su capital, de los ocho aeropuertos canarios que son competencias en las que no se discute la reserva a favor del Estado.
El referido traspaso de competencias, en cualquier caso, debería ser acordado, por la Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria prevista en el Estaturo de Autonomía y posteriormente formalizado a través del correspondiente Real Decreto.
Las resoluciones judiciales obligaban a retrotraer las actuaciones administrativas para emitir un nuevo informe de baremación de las ofertas de los licitadores, al no considerar adecuado el informe contratado a una empresa externa por el Gobierno existente en febrero de 2007 y en el que se basó la adjudicación en octubre de aquel año por parte del siguiente Gobierno entrante. En consecuencia, el actual Gobierno reinició el procedimiento con la designación de una nueva Mesa de Contratación, que ha llevado a cabo la nueva baremación de las ofertas presentadas por los licitadores.
