La liquidación del Estado

Solo con el voto del PP, que utiliza su mayoría absoluta en contra del resto de las fuerzas parlamentarias para saquear el patrimonio de todos, se ha empezado a privatizar un ente estratégico para el país. Se pone en manos de grandes fondos de inversión del planeta, por 8.000 millones lo que vale 33.000, un patrimonio vital para la supervivencia de un Estado, condicionando su movilidad, su comercio, su industria turística… Se entrega al capital privado, que gana el primer día de su salida a Bolsa más de 800 millones de euros, la soberanía y el futuro del país y de territorios especialmente sensibles como Canarias, aislada, dependiente del turismo, frágil en su equilibrio insular… Pero de este hecho gravosamente consumado ya se ha hablado mucho en estos días. Poco puedo añadir a la operación concreta, pero si me gustaría insistir en una reflexión sobre las políticas liquidadoras del Estado que se han ido ejecutando en España desde los años ochenta. Por la derecha y por la socialdemocracia que ha asumido estas prácticas con convencimiento cuando  le ha tocado gobernar.

La estrategia es siempre la misma. Se deteriora la empresa  -intencionadamente o a través de una pésima gestión- para sanearla a continuación con fondos públicos y ponerla a la venta para hacer caja y para favorecer en la mayoría de las ocasiones a grupos empresariales de amiguetes que después terminan pagando los favores con puestos muy bien remunerados en sus consejos de administración. Es la táctica a la que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en este país, que nos toma el pelo haciendo una cosa mientras gobierna y diciendo otra cuando se encuentra en la oposición. En el caso reciente de AENA las hemerotecas son contundentes. Realmente fue al gobierno de Zapatero al primero que se le ocurrió privatizar una parte importante de AENA, Loterías y Apuestas del Estado y la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y los populares pusieron el grito en el cielo. Pero cuando llegó Rajoy al poder las posiciones se invirtieron: el PP cambió su discurso y empezó a privatizar lo que había ordenado la Troika –lo mismito que habían anunciado los socialistas- y es ahora el PSOE el que utiliza la demagogia para oponerse garantizando “una Aena pública si llega al gobierno” y afirmando que “solo 12 aeropuertos son rentables y el resto, hasta 48, están condenados al cierre, lo que significa quebrar la movilidad de muchos españoles, principalmente del ámbito insular y de otras zonas geográficas”. Y pasan por alto que en Francia en estos días los socialistas están haciendo lo mismo con los aeropuertos de Niza y Lyon. Ver para creer. Puro populismo bipartidista. Fraude descarado a la ciudadanía.

Realmente la madeja la inició Felipe González que le allanó -y de qué manera- el camino  a Aznar. El presidente socialista vendió casi ochenta empresas públicas en su etapa de gobierno sin ningún pudor. Y a veces se le intenta aligerar de sus responsabilidades afirmando que solamente sacó a la venta una parte de las acciones, pero no es cierto ya que en muchísimas ocasiones se desprendió de propiedades estatales en su totalidad o en su mayor parte. Es el caso de Viajes Marsans, Textil Tarazona, SEAT, Astican, Entursa, Secoinsa, Ingenesa, Telesincro, ENASA, Artespaña, Enfersa y tantísimas otras. Además, inició la deriva privatizadora de Endesa, Argentaria (Banco Exterior, Caja postal, Banco de Crédito Industrial) Repsol, Telefónica y otras que después remataría José María Aznar, sumándole Iberia, Retevisión, Tabacalera, Gas natural, Aceralia, Aldeasa, Indra, Red Eléctrica, Autopistas (ENA), etc. Siempre con amigos de por medio, favorecidos y enchufados. Siempre con precios dudosos y procesos cuestionados. Siempre atentando brutalmente contra lo público. Siempre sin que pasara nada. Más de 45.000 millones de euros recaudados malvendiendo el patrimonio público para después dejarnos un país endeudado y a punto casi de sufrir un rescate, solo salvado a  través del empobrecimiento de la sociedad española, el enriquecimiento de unos pocos y la liquidación definitiva de lo poco público que quedaba. Y aún les resta una buena tajada en la educación, la sanidad o los servicios sociales. Porque todos estos servicios universales se están empezando a deteriorar gravemente y a abrir huecos a la iniciática empresarial privada: los ciudadanos se hacen un seguro si la sanidad pública no les da respuesta, los padres eligen un colegio concertado o privado si la escuela pública no funciona…Más pronto que tarde vendrán a decirnos que estos servicios públicos universales son insostenibles, que hay mucho despilfarro y que habrá que ponerlos en manos privadas para hacerlos rentables. Sin que lleguemos a considerar que solo con las ganancias anuales de las empresas malvendidas se podrían sostener el Estado de bienestar y las pensiones sin ningún tipo de agobios financieros.

Se trata de un saqueo a gran escala perfectamente organizado. Se nos vende que de esta manera la eficiencia, la productividad, la calidad de los servicios y la competencia es mucho mayor. Que el coste será también menor para los ciudadanos. Que todo redunda en progreso económico y social. Y la realidad es bien distinta: los servicios se deterioran, los trabajos se precarizan, los precios aumentan y los oligopolios se extienden (Sacyr y ACS controlan el 71% de las autopistas, Repsol y Cepsa el 65% del mercado del crudo, Telefónica más del 80% de la telefonía fija, la patronal eléctrica Unesa actúa como un auténtico lobbie…). Se controla y se desnacionaliza  de esta manera también a la política, a las organizaciones sociales y a la economía de un país. Se acaparan las fuentes de producción y distribución. Se acumula el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Se debilita la democracia. Se ningunea  a las instituciones. Se convierte al ciudadano en un objeto para el consumo.

Y los gobiernos títeres se ponen entonces a su servicio. Se merman los derechos laborales y sociales (despidos, bajada de salarios, convenios colectivos, pensiones, desahucios…). Se sanea a la banca antes que a los ciudadanos. Se rescatan los servicios cuando la iniciativa privada ya no los puede exprimir más (autopistas, cementerio de gas Castor…). Se utiliza a los gobiernos como  empleados particulares para defender intereses privados concretos (Sacyr  con las obras del Canal de Panamá, Repsol con el conflicto de YPF en Argentina…)… Y para legislar a su favor proponiendo, por ejemplo, la desaparición de la Cotmac o inventándose unas leyes para impulsar las inversiones estratégicas que no pretenden sino obviar los planeamientos… El Tratado de Libre Comercio que negocian EEUU y la UE, que deja todo el control en manos de la iniciativa privada, no es sino una vuelta de tuerca más al mandato europeo de que todo debe estar sometido a la competencia y a la liberalización. Que no ha lugar a privilegiar lo público para la defensa del interés general.  Y eso a pesar de que el estudio PIQUE (Privatización de los Servicios Públicos y su Impacto en la Calidad, Empleo y Productividad) encargado por la propia UE, concluye que en los procesos de privatización analizados en el Viejo Continente, los monopolios públicos se convierten en monopolios privados con menos trabajadores; que se empeoran las condiciones laborales y el empleo; que se reduce el papel de los sindicatos; que no se garantiza el acceso universal y aumentan los precios; que empeora la calidad de los servicios; que le sale más caro al Estado (regulación de empleo; rescate de los servicios…); que  aumenta la influencia sobre las corporaciones locales; que disminuye el nivel de la productividad y de la I+D+i; que los servicios cercanos pasan a ser gestionados por transnacionales que no conocen las necesidades la de comunidad; que los usuarios están más insatisfechos… Pero a pesar de todo nos lo venden como la panacea. Y no terminan de saciarse.