{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
La crisis ha hecho retroceder casi diez años los ingresos de las familias canarias, ha ensanchado las desigualdades sociales y ha duplicado con creces el número de personas que sufren pobreza severa en las islas, que han pasado del 3,5 % de la población en 2009 al 8,5 % en 2014. Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la situación de los servicios sociales en Canarias que ha realizado el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas y el colectivo Redesscan, para intentar hacer un diagnóstico sobre los efectos de la crisis sobre la sociedad canaria y sobre sus servicios públicos.
En paralelo, el gasto de los hogares canarios se ha reducido un 22 por ciento desde 2007, de modo que si entonces rondaba los 29.000 euros anuales por familia, ahora está en 22.500, 6.500 por debajo.
Los datos recopilados para este estudio del Instituto Nacional de Estadística y de su homólogo canario, el Istac, indican además que en 2014 el gasto medio de las familias, a pesar de haber caído significativamente, superó en unos 500 euros la renta media disponible, lo que alerta de que no solo se ha perdido la capacidad de ahorro, sino que están elevándose los niveles de endeudamiento.
Como resultado de todo ello, la población canaria en riesgo de pobreza se sitúa ya en el 35 por ciento, de acuerdo con el indicador Arope, diez puntos por encima del promedio del resto de España.
El Colegio de Trabajadores Sociales llama la atención asimismo sobre un hecho que cada vez con más frecuencia ven en los servicios sociales: crece el colectivo de ciudadanos que se encuentran en niveles objetivos de pobreza a pesar de tener un empleo (lo que antes era casi la garantía de no sufrir exclusión).
De acuerdo con sus cálculos, uno de cada cinco trabajadores con contrato a tiempo parcial presenta indicadores de pobreza.
El panorama que deja la crisis en Canarias, según este estudio, se completa con cifras como 58.000 hogares que no perciben ningún tipo de ingreso (el 7 % de la población); el triple de parados de larga duración que en 2007 (ese año llevaba más de un año sin empleo el 25 % de los parados y hoy se encuentra en esa tesitura el 67 %); uno de cada dos desempleados no cobra prestación ni subsidio; y un 17 % de la población está sometida a riesgo de exclusión social.
El Colegio de Trabajadores Sociales y Redesscan subrayan que, en unos años en los que las desigualdades sociales han crecido un 12 por ciento en las islas, los recursos que las administraciones públicas destinan a atenderlas, lejos de subir, se han reducido.
"El sistema público de servicios sociales de Canarias no esta a la altura de la demanda de los ciudadanos, ni de la situación de emergencia que estamos viviendo", ha opinado Koldobi Velasco.
El Colegio de Trabajadores Sociales y Redesscan aseguran que, durante estos años, los presupuestos públicos para servicios sociales se han reducido tanto en el Gobierno de Canarias, como en los cabildos y ayuntamientos y las plantillas de las administraciones dedicadas a esta materia se han recortado en 500 personas.
El estudio critica la poca operatividad de instrumentos propios de las islas, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), porque solo alcanza al 0,5 % de la población en pobreza o exclusión, de acuerdo con los datos que han manejado para este estudio.
También censura el bajo nivel de desarrollo en el archipiélago de los servicios asociados a la Ley de Dependencia y el importante retraso que acumula Canarias en conceder las prestaciones.
Además, advierte de que, como consecuencia de la reforma de la administración local, 60 de 88 ayuntamientos de las islas se verán obligados a final de este año a dejar de prestar los servicios sociales locales que venían sosteniendo, los más cercanos a la población.