IC denuncia que la Consejería de Sanidad juega al despiste y a la improvisación con el Servicio Sanitario Público

Comenzando el año, los Servicios de Urgencias hospitalarios en la isla de Tenerife continúan colapsados, muy a pesar de que sigan sin querer reconocerlo.

Ubicados en improvisadas zonas de los servicios de urgencias y en algunos casos separados por biombos,  en los  pasillos hasta en doble fila, y bloqueando salidas de emergencia y pasillos de evacuación, son las lamentables condiciones en las que los pacientes que acuden a los servicios de urgencias de los dos hospitales públicos en Tenerife, tienen que ser atendidos. A ello añadir ahora las zonas habilitadas cómo prolongaciones de los servicios de urgencias, que improvisan en función de la presión asistencial y parecen haber salido de repente de una chistera, para intentar liberar los pasillos pero que no dan solución real al problema. También nombrar el bloqueo del servicio de transporte sanitario, sirviendo  cómo ejemplo que en los pasados días se han podido cuantificar hasta 8 ambulancias estacionadas más de cinco horas, por fuera del servicio de urgencias a la espera de poder dejar a los pacientes que transportaban hasta  el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

En éste escenario, en el que  resulta prácticamente imposible desarrollar la atención sanitaria, faltando espacio y con recursos insuficientes, así como unas plantillas sobrecargadas y bajo mínimos, hay que reconocer y resaltar la figura de nuestros profesionales, quienes han demostrado ser héroes, para poder dar atención sanitaria en las actuales condiciones, demostrando estar más implicados y preocupados que la propia consejera por resolver la situación a la que se enfrentan a diario los usuarios que requieren de asistencia urgente en cualquiera de los dos complejos Hospitalarios en la Isla de Tenerife.

La situación de las Urgencias es reflejo del colapso de la Sanidad Pública Canaria
     

La imagen de las Urgencias habla por sí sola, y el problema día tras día se repite, mientras la improvisación es la forma de abordar por la consejería de sanidad el caos producido en las urgencias Hospitalarias como consecuencia de los recortes presupuestarios y  la falta de previsión y planificación sanitaria. Acostumbrados ya a las mismas maniobras una vez éstas imágenes saltan a los medios de comunicación, desde Intersindical Canaria afirmamos se juega al despiste, con la apertura de nuevas áreas dentro de los Hospitales dónde “esconder a los pacientes que llenan los servicios”, siendo el objetivo principal la liberación de pasillos, y así dar tiempo a que la situación se tranquilice unos días, hasta vuelva a saltar a los medios y el  escándalo los obligue a no seguir inmóviles frente a la realidad de nuestros servicios y a volver a liberar pasillos, escondiendo pacientes.
             
Mientras se llevaba a cabo la precipitada apertura del Servicio de Urgencias del denominado Hospital Comarcal de Icod (sin laboratorio ni scánner), se aseguraba que se acometería la obra estructural de ampliación de las Urgencias del HUC  y la puesta en funcionamiento de las 50 camas del centro para principio de año. Ni lo uno, ni lo otro. Ni hospital del Norte ni Hospital del Sur. Ni camas ni obra. En fin, más de lo mismo mentiras y promesas incumplidas a las que nos tienen acostumbrados, mientras  los usuarios y los profesionales son los que sufren las duras consecuencias de su pésima gestión.
El problema de fondo no es el cómo están los Servicios de Urgencias en la Isla de Tenerife, sino el por qué están así.
    

Camas hospitalarias que no aparecen, ni se crean desde hace más de 30 años, la falta de previsión en la construcción de geriátricos que puedan atender en dignas condiciones a nuestros mayores, la cronificación de los problemas de salud de la población así cómo la debilitada atención primaria, debido a los continuos recortes, permitir que prime el interés económico de las clínicas concertadas que pretenden atender al paciente tipo y rentable frente al caos que se vive a diario en los servicios de urgencias, así como  la situación socioeconómica de Canarias, situándola a la cola de otros territorios; son los principales motivos que tienen a nuestra sanidad pública en jaque.
 

Debemos recordar que en los últimos años, la consejería de sanidad en lugar de realizar políticas de gestión destinadas a aumentar el número de camas hospitalarias, se ha centrado justo en lo contrario, llegando a cerrar unidades de hospitalización completas, situación que ha sido objeto de denuncia penal por parte de Intersindical Canaria. Lo que nos lleva a calificar a ésta consejera de temeraria. Plantillas infradotadas y extenuadas, falta de medios materiales, suspensión de intervenciones quirúrgicas (lo cual aumenta las interminables Listas de Espera), con quirófanos cerrados a cal y canto, infrautilizados, atención primaria en declive, mal uso de los recursos de urgencias extrahospitalaria, merma en la atención domiciliaria y la hospitalización a Domicilio, son las consecuencias inmediatas de éstas nefastas políticas.
 

Hablamos de toda una operación deliberada para seguir  justificando  y favoreciendo “derivaciones a la carta” hacia la privada concertada que engulle una gran mordida del presupuesto destinado a la Sanidad Pública y que, curiosamente, realiza a día de hoy más del 33% de los procedimientos, sobre todo de diagnóstico y  quirúrgicos,  que deberían realizarse en el ámbito público. De esta  manera,  se explican los motivos de años de retraso en poner en marcha los Hospitales comarcales, la falta de geriátricos, y el desmantelamiento progresivo y continuado que ha sufrido la sanidad pública en los  últimos años, mientras a la par asistimos a la remodelación reciente de clínicas privadas concertadas y la potenciación de los seguros médicos privados.
    

Toda esta situación, junto a los recortes en materia sanitaria, provoca la asfixia al sistema Público Sanitario, bloqueando hospitales y contribuyendo al deterioro de la sanidad pública a favor de la privada, vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía. Recortes, copagos, concertaciones, privatizaciones, unidades de gestión clínica, son algunas de las patologías que afectan o acechan a nuestra Sanidad, que ante la mínima ingerencia se desborda.

Para mayor complicación, se nos informa recientemente  por la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que este complejo por Decreto del Ministerio de Sanidad del Gobierno Español, ha quedado como uno de los  referentes para el conjunto del estado en caso de tratar a un enfermo infectado por virus de Ébola, lo cual resulta sorprendente y roza lo absurdo; pues desde Intersindical Canaria nos preguntamos cómo se supone vamos a estar preparados, cuando el caos queda más que demostrado que reina en nuestros servicios de urgencias hospitalarios, y desde la consejería de sanidad no han sido capaces de  buscar soluciones definitivas al problema.
     

Afortunadamente, el riesgo de que ésta situación se produzca parece ser que es mínimo, lo cual será la esperanza  que nos quede a los  canarios,  hasta esperar el tan ansiado cambio de Gobierno que resuelva de una vez por todos los problemas que actualmente se viven en la sanidad pública.
    

Y es que, este Gobierno, lejos de abordar y buscar una solución a los problemas de salud de los canarios, desde la prevención y la promoción de la salud tal y como demuestra, le importan poco los ciudadanos y hacen un uso mercantilista de la sanidad pública, como se demuestra en el caso de los afectados por la Hepatitis C y tantas otras cuestiones. Coalición Canaria, ahora con el PSOE, otras veces con el PP, ha hecho gala, durante los últimos 20 años, de situar a la ciudadanía Canaria en el Ranking de la más enferma y la que peor sanidad sufre del estado español. Hay que añadir que hablamos además, de la nación con peores indicadores socioeconómicos, donde desigualdad, pobreza y enfermedad van de la mano de un trato colonial potenciado por los pretendidos “nacionalistas canarios”.

 

Intersindical Canaria, estudia en estos momentos la presentación de acciones penales por la grave situación de riesgo a la que se expone al conjunto de la ciudadanía en relación con los reiterados incumplimientos.