EL BAR DE PEPE
Joaquín Hernández
{mosimage}De vergüenza el caso del Centro de la Cultura Popular de Canarias, de pena el asunto de Radio San Borondón y de rabia y asco comprobar que la democracia y la Constitución española es un fraude total. Que la Asociación Centro de la Cultura Popular Canaria es de todo el pueblo canario y de todos los escritores, poetas, músicos y cantantes, de todos aquellos que sienten la cultura como vehículo de entendimiento y paz entre los pueblos no hay quien lo dude.
La labor cultural de la editorial del CCPC es encomiable, miles de libros, biografías, novela, política, medio ambiente, poesía han sido editados, la mejor discoteca del Archipiélago con la mejor música folclórica y de autor la pueden encontrar en sus librerías Identidad de S/C. de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Todo esto llega a las manos de los canarios gracias al esfuerzo de unos cuantos kamikazes y otros tantos voluntarios que luchan día a día por mantener el Centro de la Cultura Popular de Canarias. Numerosos premios obtenidos, entre ellos: Premio nacional de Folklore, propuesto para el Premio Príncipe de Asturias 1995 de comunicación y humanidades, contando con el apoyo del Parlamento de Canarias, Gobierno de Canarias y los Cabildos y Ayuntamientos más representativos del Archipiélago. Asimismo se sumaron un centenar de Senadores, una treintena de Diputados estatales, y gran número de Diputados del Parlamento de Canarias, Entidades Canarias en el Exterior, Facultades Universitarias, Asociaciones Culturales, Medios de Comunicación, Escritores, Grupos Musicales, Cantantes.
Nominado en varias ocasiones para los Premios de Canarias, son numerosas las distinciones obtenidas por el Centro de la Cultura Popular Canaria.
Si todo esto es así y les aseguro que lo es ¿por qué ese empeño en derrumbar esa maravillosa obra fundada en el año 1977?
Radio San Borondón parece ser el objetivo en el punto de mira del régimen bananero y autoritario que, desde hace más de 30 años, sufrimos los canarios, la denuncia continua de los casos de corrupción en los micrófonos de la radio del Centro de la Cultura Popular Canaria es el detonante para querer cerrar las instalaciones cueste lo que cueste. La consigna es callar las voces que no se someten a las directrices que imponen los tres partidos que han gobernado y gobiernan las islas, sea como sea y cueste lo que cueste. Lo han intentado obstaculizando pagos de facturas por trabajos realizados a Ayuntamientos, Cabildo negando el pago de subvenciones que estando concedidas nunca fueron abonadas, de manera que el cerco se ha completado con un expediente por “emisora ilegal”, una multa de 100 mil euros y el precinto de sus instalaciones en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Si tenemos en cuenta que en las islas Canarias existen un total de 450 emisoras de radio no legalizadas, si tenemos en cuenta la payasada del concurso público de radios FM en Canarias ha sido una farsa para camuflar las concesiones de licencias a cuatro amigotes de CC no es de extrañar que fracasado el mediocre invento vayan a navajazos contra lo que ellos consideran “radio subversiva”. Después de la adjudicación de 155 licencias de explotación de frecuencias comerciales en el archipiélago por parte del Gobierno de Canarias, de las cuales sólo 12 empresas acumularon 123 de ellas, se desencadenó una avalancha de reacciones de rechazo, tanto pública como judicialmente. Las empresas informativas que no obtuvieron concesión administrativa alguna, o se vieron perjudicadas en determinadas áreas geográficas, denunciaron múltiples irregularidades para intentar anular este reparto resuelto en el Decreto 30/2012, de 4 de abril. Incluso, la juez del juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luisa Machado, imputó a los 5 miembros de la Mesa de Evaluación por presunto delito de tráfico de influencias, después de admitir a trámite la solicitud de la fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés.
La supuesta actitud mafiosa del Gobierno de Canarias, al mejor estilo de Vito Corleone, supone un salto cuantitativo del nivel de corrupción de la máxima institución pública. La respuesta del Gobierno a la pregunta ¿por qué se sanciona a Radio San Borondón y a otras 4 emisoras más, cuando todas incumplen la normativa de frecuencias en FM y no se expedientan y multan a las otras 450 restantes? y la contestación del porta voz del Gabinete, Martin Marrero, es de tamaña estupidez, chorrada supina e idiotez esférica que parece tratar a los afectados como verdaderos descerebrados cuando dice: “No tenemos medios suficientes para expedientar a todos…” Por supuesto que creemos que la Justicia en este injusto caso se pronunciará a favor de Radio San Borondón, simplemente por lógica debe ser así.
No podemos bajar la guardia, volverán de nuevo a intentar silenciar la voz del pueblo canario sobre todo antes del próximo mes de mayo, que será la fecha que el mismo pueblo que quiere tener voz para denunciar públicamente en Radio San Borondón a tanto ladrón disfrazado de “interés público”, tendrá la oportunidad de mandar a la cloaca a tanto machango corrupto.