Considera que el Ayuntamiento ha cometido un doble error: dictar una resolución que impedía la celebración de los mogollones y revocar esta resolución sin notificarlo a los vecinos
{mosimage}SB-Noticias.- “Los únicos causantes de que haya un auto judicial que impide la celebración de los mogollones del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en el Parque de Santa Catalina son el alcalde Cardona y a señora Bolta”.
Así lo asevera el candidato socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien culpa al PP de haber dictado y firmado en febrero de 2012 una resolución que impedía la celebración de los mogollones o conciertos en esta zona de la ciudad.
Según esta resolución, este tipo de actos nocturnos debíann celebrarse “fuera del Parque de Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, la Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias, (estando comprendida en la misma la marquesina el Intercambiador”.
Ahora, un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Cinco de Las Palmas dice que deben “mantenerse los efectos de la resolución que deja sin efecto (la de fecha 1 de febrero de 2012), de manera que los actos lúdico nocturnos conocidos como noches de Carnaval (mogollones, conciertos o cualquier otra denominación), así como los chiringuitos, se ubiquen fuera del Parque de Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intecambiador)”.
Augusto Hidalgo recuerda que hubo una sentencia del Supremo del año 2005, que impedía que los mogollones se celebraran en el conocido como Parque Blanco y en el Parque de Santa Catalina, con excepción de actos como las grandes galas y concursos. “Pero esa sentencia no decía nada de la parte posterior del Parque. Esto lo dice la resolución del año 2012, dictada y firmada por la propia concejala popular García Bolta, quien hizo que los mogollones se fueran a la Plaza de la Música, un hecho que todos recordamos con disgusto, porque prácticamente no tuvimos noche de Carnaval. Fue un auténtico desastre”, explica Hidalgo.
“La resolución del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria de 2012 ha sido la que ha utilizado el juez actual para decir que fue el consistorio capitalino, y no el Juzgado, el que fue más allá, impidiendo la celebración de los mogollones en la parte posterior del Parque de Santa Catalina. Si el PP quería revocar su propia decisión, tenían que habérselo comunicado a los vecinos afectados. Pero no lo hicieron”, critica Hidalgo.
Por tanto, el candidato socialista opina que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con Cardona al frente, ha cometido un doble error: primero, dictar una resolución que impedía la celebración de los mogollones en la trasera del parque de Santa Catalina; y segundo, revocar la resolución sin notificarlo o comunicarlo a los vecinos.
“El Juez ha sido taxativo”, afirma Hidalgo, quien cita literalmente este extracto del Auto: “El Ayuntamiento sí que asume esa obligación [no hacer los mogollones en el Parque] por iniciativa propia, y al afectara los intereses de los vecinos, que eran parte del procedimiento […], no puede, sin más, y sin seguir ningún trámite, dejar si efecto una resolución que afecta a intereses de terceros”.
“Estamos, una vez más, ante una metida de pata garrafal de Cardona y de su equipo con respecto a nuestro Carnaval. Ya metieron la pata en 2013, y ahora lo vuelven a hacer. Ahora estamos teniendo problemas no sólo con las murgas, por los derechos de imagen –cuestión que, por cierto, van a salvar las murgas, no este Ayuntamiento- sino también con los mogollones. Como el PP no tiene cultura de la participación, y no han consultado a los vecinos para una decisión sencilla, como era un acto administrativo, nos podemos quedar sin mogollones por una decisión judicial”, denuncia Augusto Hidalgo.
“Veremos si el recurso del Ayuntamiento llega a tiempo y se puede resolver esta situación, pero si hay alguien culpable, responsable, de que no haya mogollones hoy según orden judicial es el señor Cardona”, concluye.
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El PSOE reclama al PP que se habiliten varios puestos en las oficinas municipales para atender a vecinos sin cita previa
La concejal del grupo municipal del PSC-PSOE en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Romero, defenderá en el pleno ordinario de hoy una moción en la que se pide al gobierno del Partido Popular (PP) que se habiliten varias mesas o puestos dentro de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) para atender a los vecinos que acudan a las oficinas municipales sin haber pedido antes la cita previa. “Después de diez meses de experiencia de la cita previa impuesta por el PP en las oficinas municipales, y tras ver que el resultado es totalmente desafortunado para muchos ciudadanos cuyas peticiones fueron rechazadas por no haber llamado antes, sobre todo en el registro municipal, creemos que es absolutamente necesario introducir cambios que lleven a mejorar este servicio que se presta directamente a los vecinos”, explica Romero, “por eso pedimos al gobierno de Juan José Cardona que se habiliten cuatro puntos de registro de documentos en las oficinas centrales de León y Castillo, y al menos un punto en cada una de las concejalías de distrito, en los que se atienda a los ciudadanos sin cita previa para evitar más molestias y perjuicios a los vecinos que acuden al Ayuntamiento a realizar cualquier trámite”.
Romero considera que el sistema de cita previa, impuesto por el gobierno del PP en abril pasado con el fin de optimizar la atención a los ciudadanos, ha conseguido justo el objetivo contrario. “Cuando un ciudadano pide la cita previa pueden transcurrir entre uno y cuatro días hasta que es atendido. Pero cuando acude sin cita lo más normal es que directamente no lo atiendan o le digan que espere hasta que haya un hueco, lo que se traduce en esperas de más de tres horas para el ciudadano afectado”, asegura la concejala socialista, “al convertir en obligatoria la solicitud de la cita previa, el PP no ha tenido en cuenta que muchas veces el trámite a realizar es urgente y no se puede demorar varios días, como cuando se cumplen los plazos para solicitar muchas subvenciones, o para pagar multas y tasas. El alcalde, que tanto se vanagloria en los medios de comunicación de estar a pie de calle, y de tener su despacho en la primera planta para estar más cerca de los ciudadanos, lo que ha hecho realmente es levantar un muro administrativo entre el Ayuntamiento y los vecinos que acuden a las oficinas municipales para atender sus asuntos”.
La concejala del PSOE afirma que entre los trabajadores de la OAC se ha generalizado la orden de enviar a las personas que acuden a los distintos registros municipales sin cita, a registrar sus documentos a otras administraciones como el Gobierno de Canarias o la delegación del Gobierno. “Muchos vecinos son derivados a los registros de esas instituciones en las que no exigen cita previa, y lo único que ha conseguido el Ayuntamiento es saturar los registros de la delegación del Gobierno y del Gobierno regional con las solicitudes de cientos de vecinos que quieren registrar sus documentos. Esta saturación, además, perjudica a los vecinos y al buen funcionamiento de la administración municipal, ya que esos documentos registrados en otras administraciones a veces no son enviados al Ayuntamiento”, señala Romero, “sirva como ejemplo que en la junta de distrito de Ciudad Alta que se celebró el pasado viernes y para la que los vocales socialistas habían registrado 18 preguntas y tres mociones en la delegación del Gobierno, sólo se incluyeron en el orden del día una pregunta y una moción, pues las demás no fueron remitidas por dicha administración al Ayuntamiento. ¿Qué ocurriría si esto le pasara a un ciudadano que ha pedido una ayuda social o una subvención?”.
Otras mociones
Además de esta moción para mejorar la atención a los vecinos en las oficinas municipales, el Grupo Municipal del PSC-PSOE presenta en el pleno de mañana otras dos mociones con el fin de mejorar la gestión de la administración local así como el servicio que se presta a los ciudadanos. De esta forma, la portavoz socialista, Isabel Mena, propondrá al pleno la creación de un Observatorio de la Contratación, que ya existe en varios ayuntamientos españoles, con el fin de verificar la solvencia económica de las empresas que prestan servicios o realizan obras directa o indirectamente para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este observatorio tendría como misión principal vigilar y fiscalizar a las contratas y subcontratas que hacen estos trabajos, garantizando que cumplen con los servicios y obras contratadas, y que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas. Se evitaría así la “bochornosa imagen” del alcalde Cardona, impasible ante la reclamación de medio centenar de obreros de una de las subcontratas de las obras de las piscinas de La Cícer, que llevan tres meses sin cobrar sus salarios por problemas legales de su empresa.
La tercera moción, que defenderá el concejal Alfonso Campoamor, pretende mejorar la gestión de los recursos públicos municipales ya que se pide al Ayuntamiento que se den de alta en la licencia de vados a los más de 12.000 accesos a garajes que existen en el municipio a través de la acera y que no pagan ninguna tasa en forma de vado por ocupación de una vía pública.