El Cabildo criminaliza la protesta del colectivo, que solamente reclamaba mejores condiciones laborales para proteger su propia seguridad y la calidad del servicio que presta a la sociedad
{mosimage}SB-Noticias.– Para José Pérez Ventura, abogado defensor de los bomberos de Santa Cruz, la demanda presentada en su día contra este colectivo es “un acto de revancha”, del que hace responsables tanto al Consorcio Insular, entidad participada mayoritariamente por el Cabildo, como al propio Cabildo, cuyo presidente, en aquel momento, Ricardo Melchior, mediante los servicios jurídicos de la institución, denunció a los bomberos, acusándolos de promover desorden público, por haberse manifestado ruidosamente en el hall de entrada del edificio del Cabildo de Tenerife en Diciembre del año 2005.
Pérez Ventura ha manifestado que ha emplazado al actual presidente del Cabildo, Carlos Alonso, “para que tenga un minuto de dignidad, un minuto de cordura, un minuto de sentido común, y pida a los servicios jurídicos del Cabildo que retiren esta acusación infame”, y si no lo hace se convertirá en el responsable de la situación. Y se pregunta ¿cómo van a atenderse las necesidades de seguridad de la isla con 42 bomberos en prisión?
Haciendo un poco de historia, José Pérez Ventura ha recordado que el suceso que se juzga ahora tuvo lugar en Diciembre del año 2005, momento en el que los bomberos tenían un conflicto con el Consorcio Insular y el Cabildo de Tenerife, ya que los bomberos reclamaban más personal y una mejora en sus condiciones laborales.
Al romperse las negociaciones de forma unilateral por parte del Consorcio, los bomberos decidieron convocar una huelga y desarrollar una manifestación desde el edificio de Tomé Cano hasta el Cabildo para tratar de hacerle llegar sus reclamaciones al entonces presidente de la institución, Ricardo Melchior, porque entendían que la negociación estaba siendo boicoteada por el Consorcio.
La manifestación terminó entrando los bomberos en el edificio del Cabildo donde, afirma Pérez Ventura, se expresaron de forma ruidosa pero donde no hubo ningún acto de violencia, ni se produjeron lesiones a personas ni daños a la edificación, y tales manifestaciones en un estado de derecho no deberían dar lugar a acusaciones como las que están teniendo lugar en este momento.
Para Pérez Ventura es lamentable y vergonzoso que quienes se juegan el pellejo, su vida y su seguridad todos los días por garantizar la seguridad de los ciudadanos estén acusados de desórdenes públicos y que el Cabildo siga pidiendo 18 meses de prisión para ellos.
“A algunos, asegura Pérez Ventura, les parece que el edificio del Cabildo es patrimonio del presidente del Cabildo y no la casa del pueblo, y, por tanto, de todas y todos”, y recuerda que, además, en aquel momento hicieron toda la presión posible para que en los medios de comunicación se presentara una protesta pacífica y legítima como si se tratase de un acto terrorista. Esta concepción autoritaria del poder nos convierte en súbditos más que ciudadanos, afirma Pérez Ventura
Como abogado, José Pérez Ventura opina que la justicia que tenemos en este país sigue siendo una justicia asimétrica, fuerte con el débil y débil con el fuerte, por lo que, aunque entiende que la fiscal que lleva esta acusación está actuando de forma objetiva, independiente e imparcial, cree también que está equivocada. La cultura jurídica, y por tanto el modelo de fiscalía que tenemos en este país, asegura, es muy limitada en lo que se refiere a derechos humanos. La cultura jurídica es similar a la que existía antes de 1975, con un carácter fundamentalmente represivo, y entiende que cuando hay conflicto de derechos, como en este caso, en que se trata de proteger el derecho de expresión y manifestación, y sin que se hayan producido daños ni lesiones de ningún tipo, este tipo de conductas no deberían dar lugar a acusaciones como las que se están dando en estos momentos.