{mosimage}Lancelot.- El grupo de gobierno del Cabildo seguirá manteniendo la Oficina de Acción Global contra el petróleo y a favor de las renovables, y también mantendrá en su cargo al asesor encargado de este tema, Ezequiel Navío, a pesar de que el PP pidió ayer públicamente y luego en el pleno que se terminara con toda esta estructura para evitar así gastar más dinero público.
Sin embargo, esta urgencia no salió adelante, pues el grupo de gobierno votó en contra. "Este tema no está cerrado, quedan muchos frentes jurídicos abiertos y además está la segunda parte del lema de la Oficina, que es la de fomentar las energías renovables", aseguró el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
Además, el nacionalista recordó que "se está pendiente de retomar la protección de este espacio en cuanto a Lugar de Interés Científico, pues en su día el ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete lo redujo en un 50% para propiciar las prospecciones; asimismo, el Cabildo quiere que sea declarado Santuario Internacional de Cetáceos, como lo pidió en su día WWF Adena".
San Ginés criticó que el PP asegure que no tienen datos económicos sobre el coste de esta Oficina: "Les hemos dado información en numerosas ocasiones y ustedes siguen diciendo que nos hemos gastado millones, cuando el Cabildo sólo se ha gastado el ocupar una plaza de asesor del grupo de gobierno, de la cuota de Coalición Canaria; ha sido precisamente el responsable de esta Oficina el que ha coordinado muchas de las actuaciones que Canarias ha ejercido contra este asunto en España y fuera de España".
El PP no entendió la postura del presidente: "¿A usted no le parece urgente dejar de gastar dinero público? Si es un tema puramente jurídico, contrate un abogado y un procurador, y deje el tema político, está mezclando las cosas; la Oficina de Acción Global ya no tiene sentido, disuélvala".
El grupo de gobierno, con los votos a favor de PIL y Alternativa, sacó adelante pedir al Gobierno de España que revoque la autorización para los sondeos a Repsol, que tienen una vigencia de tres años. Además, se pidió a la empresa que renuncie a los derechos de exploración de hidrocarburos en Canarias.