Fernando Sabaté, Profesor de Geografía y militante de Sí se puede
{mosimage}El devenir de muchas instituciones canarias está marcado por la alternancia de PP y PSOE en torno a la omnipresente Coalición Canaria. La connivencia de haber estado antes o después en el gobierno hace muy difícil que tales partidos ejerzan una auténtica labor fiscalizadora cuando les toca sentarse en el banquillo de la oposición. Es lo que le pasa al Partido Popular en el Cabildo, único opositor actual pero cogobernante en el mandato anterior.
Imposible esperar que alguien pregunte por la externalización de servicios tecnológicos mientras la conexión a Internet en el TEA es patética. O cómo se justifica que tras la enorme suma desembolsada para la señalización turística de Tenerife aparezcan dos nuevos expedientes para el Teide (uno desde el Norte y otro desde Los Cristianos), cuando la legislación prohíbe el fraccionamiento de los contratos administrativos. Tampoco es previsible que el PP fiscalice a qué responden contratos como el de “examen y propuestas de gestión de residuos de una región de Marruecos”. En casos como el de Sinpromi es inútil esperar que alguien exija el cese de otros responsables del control de los recursos públicos, a pesar de que las apropiaciones por parte del administrador financiero se prolongaron más de un año.
Por eso es necesario que accedan personas nuevas, sin intereses creados ni connivencias con la gestión precedente. Personas con un proyecto de gobierno para la institución insular basado en la defensa irrestricta del interés público, frente al modelo enquistado tras muchos mandatos de tripartito. Gente que, si no llega a gobernar, al menos le ponga la cara colorada a los que gobiernen y traslade a la ciudadanía todo lo que no se ve del Cabildo tinerfeño.