CCOO exige al Gobierno canario que “despeje dudas” sobre el pago del 5% del sueldo a los empleados de empresas públicas

Como se recordará, en una de la importante y reciente sentencia, el alto Tribunal declaró nulo un artículo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria, lo que obliga al Gobierno a devolver el 5% de los salarios sustraídos a los trabajadores de las empresas públicas.

 

Moreno señaló que el Gobierno canario, para no crear más incertidumbres a estos empleados públicos, debería poner sobre la mesa los 2,5 millones de euros que supone devolver a partir de enero el 5% de los sueldos de los empleados públicos. Esta cantidad es más acertada que la que ayer se ofreció, debido a un lamentable error de transcripción por parte de la FSC-CCOO.

Asimismo, Moreno reiteró la necesidad de abrir una mesa de negociación para hacer frente al pago de las cantidades ilegalmente sustraídas con carácter retroactivo. El monto de este concepto oscilaría entre los 10,5 y 13 millones de euros (y no entre 100 y 132 como erróneamente se informó ayer por parte de CCOO).

La FSC-CCOO desea aprovechar la ocasión para pedir sinceras disculpas a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general por el error en las cantidades difundido ayer, que no se ajusta a la realidad de la deuda del Gobierno canario y, mucho menos, a los salarios de los empleados públicos.

 

 

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Este es el resultado de la demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO contra la aplicación del artículo 41.1 de Ley 11/2010 de 30 de diciembre de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2011 que estableció “la política retributiva del personal de los entes con presupuesto estimativo” (básicamente empresas públicas) con una reducción del cinco por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les correspondía percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Para CCOO el citado artículo 41.1 de la Ley 11/2010 de 30 de diciembre era contrario a lo dispuesto en una norma estatal, la disposición adicional novena del Real Decreto ley 8/2010, que tiene condición de norma básica, formal y materialmente.

La reducción salarial, tal como venía regulada en la Disposición Adicional 9 de la RDL 8/2010, no era de aplicación al personal laboral de las empresas públicas salvo que por negociación colectiva las partes decidiera su aplicación.

Así lo sentencia el Tribunal Constitucional el pasado 4 de diciembre, declarando que el precepto de la Ley de Presupuestos de Canarias es contrario a la normativa estatal y lo declara inconstitucional y nulo.

Para CCOO el efecto inmediato de dicha sentencia es que a partir de la publicación de la misma debe dejar de aplicarse dicho descuento. CCOO cifra que en los presupuestos del año 2015 es necesario consignar una cantidad de alrededor de unos dos millones y medio de euros (2.500.000 €) y que los efectos de la sentencia podría alcanzar a dos mil empleados y empleadas de empresas públicas canarias.

Igualmente los servicios jurídicos de CCOO están valorando la aplicación retroactiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que, de aplicarse desde el 1 de junio de 2010, podría alcanzar una cifra situada en una horquilla de entre diez millones y medio a trece millones doscientos mil euros (10.500.000 -13.200.000).

En cualquier caso, para CCOO no se podrá seguir aplicando la reducción del 5% al personal de las sociedades mercantiles públicas, salvo acuerdo en negociación colectiva.